En una entrevista concedida a Roberto Caballero para Somos Radio AM 530, el senador nacional por el Chaco (Fuerza Patria), Jorge Capitanich, analizó el alcance de las reformas aprobadas en el Senado sobre la propiedad privada. Para el legislador, aunque el proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo sufrió modificaciones sustanciales, el núcleo de lo sancionado representa un retroceso en la capacidad regulatoria del Estado, afirmando que «la ley salió despedazada aún provocando daño pero menos daños que el proyecto original».
La reforma de la Ley de Expropiaciones y el costo fiscal
Uno de los puntos centrales del debate fue la modificación del régimen de expropiaciones, una normativa que databa de 1977. Capitanich advirtió que los cambios introducidos por el gobierno de Javier Milei buscan imponer una interpretación restrictiva que beneficia a los grandes capitales en detrimento del patrimonio público. Según el senador, estas medidas se toman porque desde el oficialismo «quieren malvender rifar regalar todos los bienes activos de la patria», encareciendo cualquier intento futuro de recuperación estatal mediante la actualización por IPC y un lucro cesante del 30%.
Esta nueva estructura legal no solo afecta la soberanía sobre los recursos, sino que también introduce mecanismos que dificultan la trazabilidad de las inversiones. Capitanich vinculó estos cambios con una estrategia de opacidad financiera, señalando que se busca «no tener trazabilidad de inversores ni de negociados» a través de la reforma de la Ley de Sociedades Comerciales. Esta «arquitectura jurídica» pretende, en última instancia, limitar el poder de policía del Estado sobre el territorio nacional.
Crisis habitacional y la celeridad en los desalojos
El análisis del senador también hizo foco en la realidad social de los sectores más vulnerables, contrastando la urgencia legislativa con la falta de soluciones para los barrios populares. Capitanich subrayó que el país no padece una falta de seguridad jurídica para los propietarios, sino una exclusión estructural, sentenciando que «la República Argentina no tiene un problema de protección de la propiedad privada tiene un problema de acceso a la propiedad de los pobres»,. Actualmente, cerca de cinco millones de personas residen en asentamientos informales sin políticas de regularización dominial efectivas.
En lugar de abordar este déficit, la normativa aprobada agiliza los mecanismos de expulsión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eliminando instancias de mediación. El legislador cuestionó la falta de distinción entre diferentes conflictos habitacionales, criticando que se aplique «un esquema de 10 días de plazo tres notificación desalojo compulsivo inmediato» incluso para contratos de alquiler regulares. Frente a esto, la oposición había propuesto infructuosamente un proceso de 180 días para favorecer acuerdos entre las partes.
Frenos a la extranjerización y el equilibrio de fuerzas en el Senado
A pesar de los avances del oficialismo en materia de desalojos, la articulación opositora logró bloquear capítulos sensibles referidos al manejo del fuego y la extranjerización de tierras. Capitanich destacó que, gracias a la presión social, se mantuvo el límite a la propiedad extranjera, celebrando que «se eliminen las limitaciones del 15% para la inversión extranjera directa de tierras» que el proyecto original pretendía elevar. Asimismo, se preservaron las restricciones para realizar emprendimientos inmobiliarios en zonas de bosques nativos o humedales afectados por incendios.
Finalmente, el senador chaqueño se refirió a la dinámica política dentro de la Cámara Alta, donde el oficialismo ha logrado construir mayorías circunstanciales con bloques minoritarios. Capitanich remarcó la importancia de la cohesión de su espacio para frenar nombramientos clave, explicando que «nosotros tenemos un bloque de 25 que impide lo que significa la mayoría especial que requiere la designación de un juez de la Corte». De cara al futuro tratamiento en Diputados, advirtió sobre la «precarización» y las «torpezas» técnicas en la redacción de leyes que, según su visión, vulneran principios constitucionales elementales.
