El letrado apuntó directamente contra Karina Milei como «jefa de la banda» y denunció la inacción del fiscal Eduardo Taiano.
Extorsiones y «miedo a perder el laburo»: el silenciamiento de las víctimas
La investigación por la estafa tecnológica conocida como «Libra» ha tomado un giro dramático tras las revelaciones de Agustín Rombolá, abogado de los damnificados, en diálogo con la periodista Cynthia García en Somos Radio AM 530. Según el letrado, existe una operación activa para amedrentar a quienes intentan buscar justicia en territorio argentino, especialmente aquellos vinculados al sector público. Rombolá fue tajante al afirmar que «hay una amenaza sistemática contra varios de los damnificados en no accionar, en no salir a contar nada».
Esta presión no se limita a simples advertencias, sino que cala hondo en la estabilidad laboral de los afectados en diversas provincias. El abogado explicó que muchos de los estafados son empleados públicos o contratistas del Estado que temen represalias directas si sus nombres aparecen en el expediente judicial. Al respecto, señaló que «si descubrían que se metían en la denuncia de Libra tenían miedo de perder el laburo» porque visibilizar el caso implica poner en jaque al poder central.
La modalidad delictiva descrita por la querella roza la extorsión institucionalizada, donde la jerarquía política actúa como barrera de contención para proteger al Ejecutivo nacional. Rombolá relató casos donde ministros provinciales habrían instado a los damnificados a desistir de las acciones legales bajo una premisa clara: «hagan lo que quieran pero sepan que nos meten en un quilombo a nosotros y se pueden meter en un quilombo ustedes».
Karina y Javier Milei: el esquema de una «asociación ilícita»
Más allá de las presiones, la querella ha logrado reconstruir lo que consideran el organigrama de una organización dedicada a la captación de ahorros mediante engaños. Según los datos aportados en la entrevista, la estructura de Libra no sería un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que incluyó antecedentes como NFT Vulcano y Coinex. Rombolá sostiene que la evidencia confirma una «sociedad que funcionaba con Karina como la cabeza, como la jefa de la banda si se quiere».
En este esquema, los roles estarían claramente divididos entre el soporte técnico y la potencia de la imagen pública para validar el ardid. Mientras Mauricio Novelli operaba como el cerebro técnico-económico, el actual presidente habría sido la cara visible necesaria para inflar el valor de activos sin sustento real. El abogado subrayó que «Miley nos mintió a todos diciendo que con esto iba a financiar proyectos tecnológicos nacionales», siendo este engaño el núcleo del delito de estafa tipificado en el Código Penal.
La connivencia judicial y el rol del fiscal Taiano
El avance de la causa se encuentra actualmente estancado en los despachos de Comodoro Py, bajo la instrucción del juez Marcelo Martínez de Georgi y el fiscal Eduardo Taiano. La querella denuncia que, pese a contar con pruebas que incluyen mensajes, registros de visitas y transferencias, el Ministerio Público Fiscal actúa de manera funcional a los intereses del gobierno. Para Rombolá, la situación es clara: «hoy el abogado defensor de mi ley es Eduardo Tayano», debido a la falta de impulso en las medidas de prueba esenciales.
La urgencia de la querella radica en que se llame a indagatoria a los responsables, un paso procesal que consideran demorado de forma deliberada por el peso político de los involucrados. El abogado concluyó que si el imputado no fuera el Presidente de la Nación, la gravedad de los hechos ya habría provocado un escándalo institucional mayor, afirmando que «el fiscal Tallano está operando como el abogado defensor» de quien hoy ostenta la máxima autoridad del país.
