El Dr. Gabriel de Vedia, integrante de la Cámara Nacional del Trabajo, analizó las implicancias de la reforma legislativa que busca desmantelar el fuero especializado. En diálogo con Fernando Borroni y Vanessa en Radio 10, el magistrado desmitificó la existencia de una «industria del juicio» y alertó sobre el riesgo de perder la especificidad en la defensa de los derechos sociales.
El mito de la industria del juicio
En primer lugar, el magistrado abordó uno de los pilares discursivos del Gobierno para impulsar los cambios normativos. Durante la entrevista en el medio Radio 10, De Vedia fue tajante al señalar que «el concepto industria de juicio primero no encuadra o califica dentro de lo que es una industria». Según explicó, una industria implica una organización que fabrica productos en serie con fines de lucro, algo ajeno al sistema judicial.
Por otro lado, el juez aportó datos estadísticos para dimensionar la verdadera litigiosidad en el país. En ese sentido, destacó que «los conflictos de intereses de pretensiones intereses contrapuestos en la vida cotidiana de quienes habitan en nuestro suelo no llegan al 1%». Esta cifra demuestra que la proporción de juicios iniciados es ínfima en comparación con la cantidad de vínculos laborales existentes.
El desmantelamiento de un fuero especializado
La reforma prevé un cambio profundo en la estructura de los tribunales actuales. De acuerdo con lo expresado por el entrevistado, el proyecto implica «el cierre de la justicia nacional del trabajo» y su transferencia a otras jurisdicciones. De este modo, las causas de empleo público pasarán al fuero Contencioso Administrativo Federal, mientras que los juicios individuales se remitirán a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre este punto, De Vedia subrayó la importancia de mantener jueces versados en la materia social. Para ilustrar su preocupación, utilizó una analogía médica muy clara: «Una persona tiene un problema cardiológico ¿qué quiere que lo atienda un cardiólogo? sí claro, no un oftalmólogo». De esta manera, el magistrado defendió la necesidad de la especialidad técnica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera fundamental.
La estabilidad de los trabajadores judiciales
Respecto al futuro de quienes operan el sistema, el juez llevó tranquilidad sobre la continuidad de los cargos. El magistrado aclaró que «la justicia nacional de trabajo está conformada por 16.600 personas» entre jueces, funcionarios y empleados. En consecuencia, recordó que la estabilidad del empleo público y la inamovilidad constitucional de los jueces garantizan la permanencia de estos trabajadores en el Poder Judicial.
Finalmente, el entrevistado detalló cómo funcionará la transición si se aprueba la ley. Según sus palabras, «la Justicia Nacional del Trabajo seguirá siendo un fuero residual» que resolverá el stock de expedientes acumulados hasta su liquidación definitiva. Una vez que se implementen los nuevos juzgados locales, el fuero nacional dejará de recibir causas nuevas, marcando el fin de una institución con 82 años de historia.
