La contradicción moral de la banca pública
En una entrevista concedida al programa Caballero de Día por Somos Radio AM 530, la economista y actual ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, analizó con dureza la reciente política crediticia del Banco Nación (BNA). Según la funcionaria, la entidad se ha alejado de su misión histórica de estimular la producción para volcarse a financiar sectores de altísimo poder adquisitivo, incluyendo a miembros del propio Ejecutivo nacional. Batakis subrayó que «este gobierno que vino a hablar de moral en la política no parece como muy moral que efectivamente alguien que venía a destruir el Estado desde adentro tome créditos en la banca estatal».
La controversia escaló tras conocerse que funcionarios de alto rango, como el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Furiase, accedieron a líneas crediticias para la adquisición de propiedades en barrios cerrados. Para la ministra, esta situación desvirtúa la carta orgánica de la institución, ya que «no parece lógico que el Banco Nación esté entregando créditos para una tercer vivienda como conocimos casos en estos días». Esta asignación discrecional de recursos públicos se produce en un contexto donde el acceso al crédito para la clase trabajadora es inexistente debido a las barreras de ingreso impuestas por la entidad.
Salarios de elite y la exclusión del «ciudadano de a pie»
La jerarquización de la información revela una brecha insalvable entre los requisitos bancarios y la realidad salarial argentina. Batakis explicó que para acceder a préstamos de magnitudes que oscilan entre los 300 y 500 millones de pesos, se exigen ingresos mensuales que la gran mayoría de la población no percibe. En términos técnicos, la funcionaria detalló que para estas líneas «necesitas salarios de 10 millones de pesos o superiores», lo cual confirma que «no es para los ciudadanos de a pie estos créditos hipotecarios».
Esta política se desarrolla mientras los indicadores macroeconómicos muestran un deterioro sostenido del poder de compra. La ministra advirtió que la inflación no ha cedido en casi un año, contradiciendo el discurso oficial de estabilización. Al respecto, señaló que «hace 11 meses que la inflación en Argentina no se reduce todo lo contrario va aumentando», lo que impacta directamente en el consumo interno. En su análisis, la caída de la actividad no responde a cambios en los hábitos de compra, sino a una pérdida real de recursos: «los salarios reales en Argentina han caído muchísimo».
El abandono de la obra pública y el impacto territorial
La perspectiva crítica de la nota se completa al observar la parálisis de los proyectos de vivienda social en todo el territorio nacional. Mientras el Banco Nación financia viviendas de lujo, el Gobierno Nacional ha frenado el financiamiento para sectores vulnerables y clases medias bajas. Batakis denunció que, bajo la actual gestión de Javier Milei, «el gobierno nacional abandonó 16.000 viviendas de las cuales muchas estaban al 90%» de su ejecución. Esta decisión deja a miles de familias en la incertidumbre y traslada una presión financiera insostenible a los municipios y provincias.
La situación fiscal de las provincias se agrava por la retención de fondos que, por ley, deberían destinarse a infraestructura. La ministra mencionó el conflicto por el impuesto a los combustibles, cuya recaudación no está retornando a las jurisdicciones como corresponde. Batakis concluyó que este modelo económico está dañando la cohesión social de manera profunda: «esa realidad empieza a erosionar el tramado social de Argentina y eso es grave». La parálisis estatal, sumada a los privilegios financieros para la élite gobernante, configura un escenario de desigualdad creciente que el federalismo hoy denuncia desde las arcas provinciales.
