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Máximo Kirchner impulsa una ley para declarar la emergencia económica

El diputado de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia energética y alimentaria. La iniciativa busca capturar la renta extraordinaria del sector exportador para frenar el impacto de la crisis global en las tarifas y el consumo interno. Frase clave objetivo: Proyecto de ley protección económica

En un escenario marcado por la escalada bélica en Medio Oriente y su correlato directo en la volatilidad de los mercados, el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley denominado de “protección económica frente a la inestabilidad global”. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de un nutrido bloque de legisladores, propone declarar la Emergencia Pública en Materia Energética, Alimentaria y de Insumos Productivos, bajo la premisa de que “la renta extraordinaria que genera el conflicto bélico en Medio Oriente no puede quedarse en unas pocas manos”.

El desafío de desacoplar los precios internacionales

El proyecto surge como una respuesta política y técnica al impacto que el precio del petróleo y los fertilizantes tiene sobre la estructura de costos argentina. Según la información publicada originalmente por el diario Página|12, la propuesta busca que el Estado intervenga para que la bonanza exportadora no se traduzca en inflación doméstica, sosteniendo que el objetivo es “garantizar tarifas sostenibles y reservas para los argentinos y argentinas”. En términos territoriales, esto implica un intento de blindar a las PyMEs y hogares de los incrementos que, de otro modo, se trasladarían por la vía del flete y los costos de producción primaria.

La iniciativa cuestiona la lógica de la «escasez» frente a una coyuntura que, paradójicamente, favorece los términos de intercambio para sectores extractivos. El texto subraya que, ante el aumento del crudo, es imperativo “poner al Estado a trabajar para que esa cadena no le llegue entera al bolsillo del trabajador”, marcando una distancia crítica con las políticas de desregulación vigentes que el autor del proyecto asocia con un abandono de la soberanía energética.

Recursos estratégicos y la paradoja de Vaca Muerta

Un punto central del debate legislativo es la contradicción entre el potencial de los recursos naturales y el acceso real de la población a los mismos. Kirchner enfatizó la necesidad de proteger activos estratégicos, advirtiendo que “en el país de Vaca Muerta, los argentinos no pueden cargar nafta”, y señalando el riesgo de que la falta de una política clara para el gas provoque padecimientos durante el invierno, especialmente en las provincias afectadas por la Ley de Zona Fría. Esta perspectiva pone en relieve la dimensión federal del conflicto, donde las regiones productoras ven salir la riqueza mientras sus habitantes enfrentan costos logísticos y tarifarios de exportación.

Desde una perspectiva analítica, el proyecto busca disputar la narrativa del déficit fiscal. La propuesta sostiene que los fondos para estas medidas no provendrían de una emisión descontrolada, sino de la captura de utilidades inesperadas generadas por el «shock externo». Al respecto, el diputado fundamentó que la utilización de estos recursos “no es gasto del Tesoro; es renta extraordinaria”, intentando desactivar el argumento oficialista de que “no hay plata” para políticas de contención social.

Seguridad alimentaria y contención social

Además de la energía, el proyecto pone el foco en el mostrador de los alimentos, proponiendo un refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La lógica del proyecto es que bienes básicos como el pan o la leche no deben quedar sujetos a la especulación financiera internacional, argumentando que “el aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser consideradas mercancías de especulación”. Esta medida busca amortiguar el impacto de los precios de los fertilizantes y el transporte, elementos clave en la formación de precios del agro.

Finalmente, el texto legislativo plantea la suspensión de la venta de activos energéticos del Estado, entendiéndola como una medida de defensa ante la crisis global. La iniciativa recalca que el rol del Estado nacional es indelegable a la hora de “mitigar el impacto sobre aspectos centrales de la actividad económica derivados de la actual coyuntura geopolítica mundial”, una postura que promete intensificar las fricciones en un Congreso dividido entre la austeridad fiscal y el proteccionismo social.

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