El sistema judicial actúa como un termómetro de la realidad social. Mientras que a principios de año el Boletín Oficial publicaba mayormente edictos sucesorios, la edición actual refleja un giro hacia la insolvencia.
La aplicación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras ya no afecta solo a empresas, sino también a personas físicas declaradas como «fallidos». Desde empleados, administrativos hasta jubilados, la tendencia evidencia que la deuda privada ha perforado la red de contención familiar.
Un mapa de la insolvencia territorial
La ola de quiebras personales se extiende en toda la provincia, con mayor impacto en centros urbanos. En La Plata, juzgados como el Civil y Comercial N° 11 y N° 8 decretaron múltiples quiebras en una sola jornada.
El fenómeno se replica en Dolores, Bahía Blanca y Junín, y alcanza también a ciudades como Mar del Plata, Lomas de Zamora y Lanús. Estos casos configuran un patrón generalizado de insolvencia, lejos de ser situaciones aisladas.
Pequeños comercios: el caso del Corralón Mosconi
La crisis impacta en la economía real y en los comercios de cercanía. Un caso destacado es el concurso preventivo del Corralón Mosconi para la Construcción S.A. en Zárate-Campana.
Estos procesos generan un efecto multiplicador negativo: deudas con proveedores, pérdida de empleo local y expansión del ciclo de desocupación e insolvencia personal.
El costo de ser pobre ante la ley
Un dato clave es el arancel judicial de $35.000 (equivalente al 10% del salario mínimo) para que los acreedores verifiquen sus créditos. Esto se convierte en una barrera de acceso a la justicia para pequeños acreedores.
Mientras tanto, el deudor enfrenta un proceso de desapoderamiento, con prohibición de pagos y obligación de entregar sus bienes al síndico judicial.
La masividad de estos edictos de quiebra sugiere una crisis de deuda privada estructural en la Provincia de Buenos Aires, donde el ciudadano común ha agotado sus recursos financieros básicos.
