A través de la flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Ejecutivo Nacional desplazó a la administración fueguina del control de su terminal portuaria. La medida, que rige por un año, ocurre mientras el puerto rompe récords de actividad y conectividad con la Antártida.
El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso drástico contra las autonomías provinciales al confirmar que la intervención del puerto de Ushuaia. Mediante la Resolución RS-2026-07273465-APN-ANPYN#MEC, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria por un término de doce meses. De esta manera, la Casa Rosada le quita a Tierra del Fuego el manejo técnico y financiero de su activo más valioso, justo cuando la provincia proyecta cifras históricas de crecimiento.
Esta avanzada centralista se fundamenta en supuestas fallas de seguridad y en el cuestionamiento del uso de los fondos generados por la terminal. Según el texto oficial, el gobierno nacional detectó un «deterioro significativo» en el muelle comercial y una inversión en infraestructura de apenas el 1,3% de los gastos devengados. Sin embargo, la medida ignora deliberadamente el rol del puerto como eje estratégico de desarrollo que hoy sostiene miles de empleos en logística y turismo.
Un golpe al «motor económico» fueguino
El Gobierno de Tierra del Fuego, en su informe titulado «El Puerto de Ushuaia: Motor económico», destaca que la terminal vive jornadas operativas sin precedentes. Recientemente, el puerto recibió a 16 embarcaciones internacionales en menos de 24 horas, demostrando una «robustez operativa» que contradice los argumentos de la intervención nacional. Por consiguiente, el desplazamiento de las autoridades locales parece responder más a una voluntad de control político que a una necesidad técnica real.
Además, la provincia resalta que la temporada 2025–2026 proyecta superar el récord de 173.000 pasajeros de cruceros alcanzado anteriormente. Este crecimiento constante genera una cadena virtuosa que dinamiza el comercio, la gastronomía y la hotelería local. No obstante, el gobierno de Milei decidió intervenir bajo el pretexto de que el superávit portuario no debe utilizarse para financiar otras áreas estatales, como la obra social OSEF.
Intervención bajo una agencia que no funciona
Un punto crítico de la resolución es que la propia Agencia Nacional de Puertos y Navegación admite que todavía no se halla «enteramente operativa». Al estar en una etapa final de conformación, el organismo de Milei deberá pedir asistencia técnica a la Administración General de Puertos (AGP) para ejecutar la medida. Esta falta de estructura propia revela la improvisación con la que se maneja un recurso estratégico que es la puerta de entrada a la Antártida.
Por otro lado, la resolución suspende formalmente la habilitación del puerto pero posterga su ejecución inmediata para no arruinar la temporada turística. A pesar de esta «concesión» temporal, el control administrativo ya pasó a manos de una Unidad Ejecutora dependiente de la Nación. En resumen, el Ejecutivo Nacional se asegura el manejo de los recursos y la caja de un ente que históricamente ha sido autosustentable y vital para la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
