El avance de la mercantilización del agua
La provincia de La Pampa ha decidido llevar al plano judicial la reciente ofensiva legislativa contra los ecosistemas sensibles de Argentina. Según reportó la agencia teleSUR bajo la firma de los cronistas lf – JB, el gobernador Sergio Ziliotto presentó una acción de amparo ambiental colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para declarar la nulidad de la reforma de la Ley de Glaciares N° 26.639. Esta medida surge como respuesta a la sanción definitiva de una norma que, según el mandatario, tendrá un “impacto devastador y directo sobre el acceso al agua en la región”, señalando una clara regresión en los derechos conquistados.
La modificación, que obtuvo 137 votos a favor en la Cámara de Diputados tras su paso por el Senado, rompe con el paradigma de protección absoluta del ambiente periglacial. La nueva normativa “altera su objetivo original de resguardar las reservas estratégicas de agua dulce” al introducir criterios de «flexibilidad» que condicionan la tutela estatal a estudios técnicos de «función hídrica» definidos por cada jurisdicción. Este cambio de enfoque no es menor: desplaza el principio de precaución ambiental para habilitar la explotación comercial en áreas que son, por definición, fuentes de recarga de cuencas fundamentales para el consumo humano y la agricultura.
Ley de Glaciares: La Pampa presenta amparo colectivo ambiental. https://t.co/r4VaSoIts1
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) April 9, 2026
El riesgo territorial y la dependencia del río Colorado
Aunque geográficamente La Pampa no posee cuerpos de hielo en su territorio, su viabilidad como provincia depende críticamente de las nacientes cordilleranas. El gobernador Ziliotto recordó que el río Colorado, cuyo caudal es de origen glacial, abastece al 45% de la población pampeana, advirtiendo que con este nuevo marco normativo “habrá menos recurso disponible para la población”. La estrategia judicial de la provincia busca frenar lo que se interpreta como un desplazamiento de las prioridades del Estado, donde el derecho humano al agua cede terreno frente a la “inversión de grandes empresas mineras”.
Desde el ámbito jurídico y técnico, la demanda —apoyada por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y la Asamblea por los Ríos Pampeanos— sostiene que se ha vulnerado el principio de no regresión contemplado en el Acuerdo de Escazú. Romina Schmidt, fiscal de Estado provincial, fundamentó la urgencia de la medida cautelar al explicar que el “daño denunciado no es abstracto sino real”, ya que cualquier afectación en las nacientes compromete la calidad y cantidad de agua que llega a la provincia. Esta postura técnica refuerza la idea de que la protección de los glaciares no es una cuestión meramente conservacionista, sino un pilar de la supervivencia económica y social de las provincias de la cuenca.
Federalismo y presiones externas en el centro del debate
La celeridad y el tenor de la reforma legislativa han despertado sospechas sobre las influencias que moldearon el texto final. Sectores de la oposición y organizaciones sociales han denunciado que el cambio normativo responde a exigencias de organismos internacionales y sectores corporativos extranjeros. En este contexto, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, manifestó que la batalla judicial es una política de Estado transversal que “busca proteger la salud y el desarrollo de las futuras generaciones” frente a lo que consideran intereses extractivistas que comprometen el patrimonio natural.
Finalmente, la judicialización de la Ley de Glaciares expone una profunda fractura en la concepción del federalismo y el manejo de los bienes comunes. Mientras que desde el Congreso se impulsó una visión que facilita la actividad minera en zonas críticas, el diputado Hernán Pérez Araujo calificó la sanción como un “día trágico para el federalismo y la defensa de los recursos naturales”. La Pampa solicita ahora que la Justicia ordene al Estado nacional abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo basado en la nueva ley, buscando mantener la vigencia del régimen de protección anterior en un intento por blindar la soberanía hídrica frente a la lógica del mercado.
