La Unidad Turística de Chapadmalal, emblema del acceso de las mayorías al descanso costero, enfrenta su hora más crítica. En una decisión que escala la tensión política y social, la Justicia bonaerense ordenó el desalojo de las familias de trabajadores que habitan el predio.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a unas 50 personas —30 empleados de mantenimiento y 20 familiares— a abandonar sus viviendas en un plazo de diez días corridos. El Gobierno nacional advirtió que, de no cumplirse el plazo, recurrirá a la fuerza pública.
El argumento de la «innecesaridad»
La medida judicial se alinea con el plan de la gestión de Javier Milei para concesionar el complejo a inversores privados por 30 años. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, justificó el traspaso de los hoteles a la AABE bajo la declaración de «innecesaridad» de las unidades en el marco de la emergencia económica.
Desde el Ejecutivo, el ministro Federico Sturzenegger sostuvo que el Estado no posee ventajas competitivas para la hotelería y que dicha actividad debe ser puramente privada. Según las cifras oficiales que fundamentan la privatización, el complejo genera un déficit anual estimado en 10 millones de dólares.
Trabajadores en alerta: condiciones laborales vs. «intrusismo»
La resistencia al desalojo es encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ya presentó un recurso de amparo para frenar la medida. Los empleados denuncian una campaña de estigmatización: aseguran que no son «intrusos», sino que las viviendas fueron cedidas por el Estado hace décadas como parte de sus condiciones de trabajo para tareas de guardia y mantenimiento.
Para muchas de estas familias, que perciben sueldos de entre 500 mil y un millón de pesos, el mercado inmobiliario actual vuelve imposible costear un alquiler externo bajo la presión de un desalojo inminente.
Un ícono nacido de la justicia social
La historia de Chapadmalal es la historia de la democratización del ocio en Argentina. Inaugurado en 1950 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el complejo de 75 hectáreas fue financiado por la Fundación Eva Perón.
Con nueve hoteles monumentales y 19 bungalows, el predio fue concebido como una «ciudad balnearia autosuficiente» que permitió a millones de trabajadores y jubilados conocer el mar por primera vez. Por su valor arquitectónico y simbólico, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013.
La disputa política por el territorio
El conflicto trasciende lo habitacional y se traslada al terreno de la soberanía patrimonial. El gobernador Axel Kicillof y funcionarios provinciales solicitaron formalmente el traspaso del complejo a la órbita bonaerense. La intención de la Provincia es garantizar la continuidad del modelo de turismo social que el Gobierno nacional ha dado por finalizado.
Asimismo, sectores legislativos proponen alternativas al mercado, como la creación de un campus universitario dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata en una de las unidades hoteleras. El futuro de Chapadmalal hoy oscila entre la preservación de un derecho conquistado o su reconversión definitiva en un destino para el turismo de mercado.
