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El FMI anuncia un desembolso inmediato de 2.000 millones de dólares para Ecuador

El desembolso se produjo luego de que la Asamblea Nacional aprobara una Ley Anticorrupción.


El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes la primera revisión del acuerdo sobre el Servicio Ampliado para Ecuador, lo que permite un desembolso de 2.000 millones de dólares.

Este nuevo desembolso forma parte de un préstamo total de 6.500 millones de dólares que el organismo se comprometió a entregar hasta diciembre de 2022 y que, según el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, serán destinados a la «protección social y reactivación».

Este pago se realiza luego de que la Asamblea Nacional aprobara el pasado 15 de diciembre la Ley Anticorrupción, que contiene reformas al Código Orgánico Integral Penal, uno de los requisitos que presentó el organismo para realizar el desembolso.

El plazo de pago del crédito es de 10 años, con 4 de gracia y una tasa de interés del 2,9 %, explicó Moreno en su cuenta de Twitter.

«Gracias al manejo ordenado de las finanzas públicas, el segundo desembolso del FMI a Ecuador, por valor de 2.000 millones de dólares, está aprobado. Los recursos llegarán en los próximos días», escribió Moreno.

Los primeros 2.000 millones de dólares fueron desembolsados el pasado 2 de octubre. Los fondos, dijo Moreno, serán destinados a seis sectores: pequeños y medianos proveedores del Estado, centros de desarrollo infantil, gobiernos seccionales (juntas parroquiales, municipios y provincias), cancelación de la deuda con más de 3.000 trabajadores despedidos de empresas públicas, pago a jubilados y devolución de impuestos a unos 350.000 ecuatorianos, así como dinero para el programa de créditos estatales «Reactívate Ecuador».

Créditos con el FMI

Este es el segundo préstamo aprobado por el organismo internacional al país sudamericano, ambos durante la gestión del saliente ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez.

El primer crédito, aprobado en el primer trimestre de 2019, fue por 4.200 millones de dólares. A cambio, el país debió aplicar fuertes medidas de austeridad, que derivaron en un estallido social en octubre del año pasado, que dejó un saldo de 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos, 11 personas perdieron un ojo por el impacto de lacrimógenas y piedras— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

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