La delegación Argentina en Bolivia compuesta por organizaciones sociales, políticas y sindicales que arribó a ese país para realizar verificaciones sobre violaciones a los derechos humanos registró en su primer informe la existencia de “numerosas torturas a niñas, niños adolescentes y adultos mayores, así como la falta de investigaciones judiciales y la ausencia de atención sanitaria a la población”.
El equipo multidisciplinario de la delegación argentina en Bolivia denunció, en base a pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el gobierno de facto está cometiendo “delitos de lesa humanidad” desde la asunción de Jeanine Áñez.
El relevamiento fue el resultado de una jornada de trabajo encabezada por referentes como Juan Grabois (CTEP), Daniel Catalano (ATE) y otros dirigentes argentinos luego de que fueron demorados durante varias horas por las fuerzas de seguridad bolivianas cuando arribaron al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.
“Este gobierno ha desatado un odio racial enorme. Abrieron la caja de pandora y salieron mil demonios que se están expresando en situaciones de profunda violencia” , dice el jurista Luis Arias, uno de los integrantes de la comitiva argentina que viajó a Bolivia.
Las fuentes consignaron que “existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en la zona de Senkata, en El Alto, como consecuencia del actuar represivo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, y el posterior encubrimiento de los demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”.
Gran parte del relevamiento se realizó en la Iglesia San Francisco de Asís, lugar donde habían sido velados los muertos producidos por la represión en Senkata. “La situación es muy terrible, las familias denuncian no ser atendidas en los hospitales. Muchos de los heridos están en las casas porque cuando asisten a los hospitales les arman causas por terrorismo y sedición”, indicó Marianela Navarro, delegada del Frente Organizaciones en Lucha. Según la comisión, no son sólo las fuerzas de seguridad quienes están atacando a la población, sino que hay numerosas instituciones que también están reproduciendo el odio racista que atraviesa la violencia del gobierno de facto. “Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y la defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas. Existe un profundo odio racial que se dirige especialmente contra los sectores más vulnerables y las mujeres”, precisó Arias.
La comisión identificó, además, que existe un profundo ensañamiento contra las “mujeres de pollera”. Se han registrado numerosos casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, atacadas en vida y luego de su muerte. A su vez, han existido denuncias que aseguran haber visto cuerpos mutilados y desmembrados.
Compartimos nuestra declaración preliminar sobre la situación en Bolivia. Solicitamos máxima difusión: https://t.co/DeLdQ8tIWi
— Deleg Argentina Solidaridad con pueblo boliviano (@DelegArgBolivia) November 30, 2019
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
1. Masacres perpetradas contra población civil:
Sacaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas.
Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas.
2. Desaparición forzada de personas
Se logró constatar situaciones de desapariciones forzadas de personas a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero.
3. Torturas, violaciones y delitos sexuales
Se logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Recibimos testimonios sobre estos delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población.
4. Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares
Hay una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte de grupos de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de “zonas liberadas” para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista.
5. Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
Hay una irrupción y destrucción de casas particulares, particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizadas por Fuerzas Armadas, con el objeto de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales.
6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa
Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: “Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.
Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular, se les ha negado el derecho a la defensa tanto particular como pública. En ese sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas.
7. Represión de manifestaciones públicas
Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencias recogidas describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales fraguados, y procesados por sedición y terrorismo.
8. Restricción manifiesta de la libertad de prensa
La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamientos y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro.
9. Promoción del racismo y los discursos de odio
Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera wiphala.
10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción
Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país.
11. Inacción y encubrimiento del poder judicial
El poder judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia.
Para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del poder judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados requerimientos realizados.
12. Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales
Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales.
