En una entrevista concedida al programa «Un buen comienzo» por Somos Radio AM 530, la secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mercedes Cabezas, trazó un panorama crítico sobre la situación de los organismos de ciencia y técnica bajo la administración de Javier Milei. La dirigente gremial vinculó directamente la pérdida de capacidades operativas con el reciente rechazo de cargamentos de carne y girasol en mercados internacionales, señalando que la intención oficial de reducir miles de puestos de trabajo estatal tiene en la mira a sectores clave como el SENASA, el INTI, el INTA y la Aduana. Según Cabezas, el organismo encargado de la sanidad agraria ya perdió 1.200 trabajadores, lo que ha llevado a que “la mayoría de esos organismos están al límite de su capacidad operativa”.
El impacto comercial: cargamentos rechazados en el exterior
La degradación del sistema de control no es un debate abstracto, sino que ya se traduce en consecuencias económicas tangibles para un país necesitado de divisas. Cabezas explicó que países como China y Bulgaria han rechazado exportaciones argentinas debido a la presencia de sustancias prohibidas, como pesticidas en el girasol y residuos de antibióticos en la carne. Para la referente de ATE, estas fallas en la detección previa son consecuencia directa de la falta de personal, ya que “la trazabilidad del organismo hace que, en ambos casos, no pueda salir un cargamento de esas características” si el funcionamiento fuera el adecuado.
La situación plantea una contradicción estructural en el discurso oficial, que prioriza el ingreso de dólares mientras desfinancia las herramientas que garantizan la calidad de los productos exportables. La sobrecarga laboral es un factor determinante, dado que en muchas áreas estratégicas “el trabajo de 10 personas la hace uno”, lo que incrementa el margen de error humano en decisiones críticas que no pueden ser automatizadas. Cabezas advirtió que el prestigio internacional de Argentina en términos fitosanitarios está en riesgo porque “vendemos calidad además de sanidad”, un activo que se ha construido durante décadas y que el actual ajuste pone en peligro.
Seguridad alimentaria: el riesgo en el plato de los argentinos
Más allá de las balanzas comerciales, el vaciamiento impacta de forma directa en la salud pública local. La dirigente alertó sobre una brecha de control que deja desprotegido al mercado doméstico frente al internacional, advirtiendo que “los controles de consumo interno son mucho más vagos que los de exportación”. Esta debilidad institucional implica que los ciudadanos argentinos podrían estar consumiendo alimentos con trazas de sustancias que son rechazadas en el exterior, bajo la premisa de que “somos nosotros los que estamos consumiendo lo mismo” que se intenta exportar sin éxito.
Este debilitamiento de los entes reguladores no es un fenómeno inédito en la historia argentina. Cabezas recordó los precedentes de la década del 90, cuando el relajamiento de los controles derivó en crisis sanitarias graves como el brote de fiebre aftosa a principios de los años 2000, que provocó el cierre masivo de mercados. Bajo su óptica, el gobierno subestima el rol del Estado como ente regulador y advierte que “si a los únicos ingresos de dólares que tenés… además les relajás los controles, bueno, muy lejos no vas a ir”.
Precarización y éxodo profesional en el sector científico
El conflicto se agrava por el deterioro de las condiciones de vida de quienes deben garantizar estos controles. La entrevista reveló un éxodo constante de entre 20 y 30 trabajadores por mes desde el inicio de la gestión actual, motivado por salarios que han caído por debajo de la línea de la pobreza. La falta de estabilidad y la pérdida de poder adquisitivo expulsan a técnicos calificados hacia el sector privado o el exterior, ya que “con salarios profesionales de un millón de pesos y técnicos que no llegan a un millón de pesos es muy difícil vivir”.
Finalmente, la situación se inscribe en un marco de desprotección social más amplio, donde el sistema de salud pública se ve tensionado por familias que ya no pueden costear medicinas o prepagas. Cabezas subrayó que garantizar el estatus fitosanitario es una política de salud preventiva, dado que “lo primero que tenés que poder garantizar es que la gente coma sano” para evitar epidemias alimentarias que colapsen aún más los hospitales. En un contexto de crisis, la dirigente concluyó que el ajuste en organismos como el SENASA termina afectando a toda la población sin distinción, ya que, al igual que durante la pandemia, el riesgo sanitario “los alcanza a todos y a todas por igual”.
