El hambre como daño colateral: la fragilidad extrema del sistema alimentario libanés
Un informe reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), elaborado de forma conjunta por la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Ministerio de Agricultura del Líbano, revela un panorama desolador: 1,2 millones de personas sufrirán hambre aguda entre abril y agosto de 2026. Esta cifra representa a una cuarta parte de la población nacional, empujada a niveles críticos tras la intensificación de las hostilidades.
La magnitud del desastre se vincula directamente con la destrucción de infraestructuras civiles y el desplazamiento de más de un millón de personas registrado desde inicios de marzo. Ante la imposibilidad de acceder a recursos básicos, Nora Ourabah Haddad, representante de la FAO, subrayó la gravedad de la situación y “exigió apoyo agrícola urgente” para evitar que la estructura productiva del país desaparezca definitivamente. El informe señala que el número de ciudadanos en fase de crisis aumentó drásticamente desde los 874.000 contabilizados en el periodo anterior.
Guerra y vulnerabilidad territorial
El análisis territorial indica que las zonas más afectadas son el sur del país y el valle de la Bekaa, donde la actividad agrícola es el motor de la economía local. La funcionaria del PMA, Allison Oman Lawi, advirtió que los progresos alcanzados años atrás en seguridad alimentaria “se han revertido totalmente” producto de la ofensiva bélica que cuenta con el respaldo de potencias externas. Esta regresión obliga a las familias a tomar medidas extremas de supervivencia, como la venta de sus pocos activos o el salto de comidas diarias.
A pesar del cese de hostilidades que teóricamente entró en vigor el 17 de abril, la violencia no ha cesado en las regiones fronterizas. El impacto humano es innegable: el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano reportó que el balance de víctimas ya alcanza los 2.576 fallecidos y casi 8.000 heridos. En este contexto de inseguridad física, las familias “reducen sus raciones de comida” o se ven obligadas a desplazarse a zonas donde la asistencia humanitaria es escasa o nula.
Un alto el fuego condicionado por la demolición
La persistencia de los ataques aéreos y las demoliciones masivas de viviendas en localidades como Bint Jbeil impiden el retorno de los desplazados y la reactivación de los ciclos de cultivo. Los reportes de la Agencia Nacional de Noticias (ANN) confirman que cazas israelíes continúan golpeando puntos estratégicos, mientras que las fuerzas terrestres mantienen operaciones bajo el argumento de combatir facciones de la resistencia. El informe del IPC es taxativo al respecto: sin una “asistencia humanitaria sostenida”, la carencia de alimentos se profundizará en los meses venideros.
El escenario político y social se agrava ante la advertencia de las fuerzas de ocupación para que los residentes no regresen a sus hogares en el sur. Esta estrategia de vaciamiento territorial no solo genera una crisis de refugiados internos, sino que anula cualquier intento de recuperación económica inmediata. Como señala el documento técnico, la estabilidad de los hogares que antes lograban subsistir está hoy fracturada por una guerra que, lejos de detenerse, ha extendido sus bombardeos a regiones que se consideraban fuera del epicentro del conflicto.
