El avance del capital británico sobre la plataforma continental
En una decisión de alto impacto político y territorial, el Gobierno nacional publicó el Decreto 590/26, el cual instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un Concurso Público Internacional para la exploración de hidrocarburos en el área CAN 200 del Mar Argentino. Según reportó el diario Tiempo Argentino, la medida se gestó a partir de una «manifestación de interés formulada por… una empresa británica llamada Challenger Energy Group PLC«. Esta determinación se produce en un clima de renovada sensibilidad por la cuestión Malvinas, coincidiendo con la previa de un enfrentamiento futbolístico clave entre Argentina e Inglaterra.
Juan José Carbajales, doctor en Derecho por la UBA y titular de la consultora Paspartú, advirtió en diálogo con el medio citado sobre la llamativa «paradoja con el petróleo que puede quedar en manos británicas» en este contexto. Para el especialista, el accionar oficial desvía el foco de la disputa soberana mientras se gestionan recursos estratégicos bajo una lógica que beneficia a intereses externos.
Arbitraje internacional y delegación de soberanía jurídica
Un punto crítico de la normativa es la inclusión de cláusulas que desplazan la competencia judicial argentina en favor de instancias foráneas. El Poder Ejecutivo resolvió, mediante este instrumento, «incluir en el permiso de exploración que se otorgue una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero«, explicó Carbajales. Esta decisión implica que, ante cualquier litigio futuro con la compañía británica, el Estado argentino renuncia a ser juzgado por sus propios tribunales, aceptando condiciones que suelen favorecer a los inversores corporativos.
El análisis técnico del experto subraya que esta entrega de soberanía jurídica debilita la posición nacional en la gestión de sus recursos naturales. Carbajales sostiene que desarrollar el potencial de la Plataforma Continental es «uno de los pocos activos ‘duros’ que tiene nuestro país para fortalecer su reclamo soberano» por las Islas Malvinas.
El contraste con la explotación ilegal en Malvinas
La medida gubernamental se da en un marco de contradicciones respecto a la política exterior y la integridad territorial. Mientras la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas avanzan en el proyecto Sea Lion en áreas usurpadas de la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias ilegítimas, el Gobierno actual permite que otra firma del mismo origen opere con permisos oficiales en aguas continentales. Para el titular del IGPUBA, que el permiso provenga de una firma inglesa que sí pide permiso al Estado argentino «no deja de ser una extraña y saludable paradoja».
Sin embargo, el silencio oficial ante el avance de la producción de crudo en las islas, que prevé extraer 180 mil barriles diarios para 2027, contrasta con la celeridad para emitir decretos que favorecen a capitales del Reino Unido en el resto del Mar Argentino. Carbajales concluye preguntándose si este impulso al upstream offshore tendrá una contraparte nacional liderada por YPF que contribuya genuinamente al «reclamo histórico de nuestro país».
