Crónica de una reforma habilitada: el desplazamiento del conflicto laboral al fuero administrativo
La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo Federal, resolvió este viernes dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Según la información publicada por teleSUR, esta decisión desactiva el recurso presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y habilita la plena vigencia de más de 80 artículos de la denominada «Modernización Laboral». La magistrada sostuvo que mantener la suspensión implicaría un prejuzgamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma sin un análisis profundo de los derechos en juego.
El cambio de fuero como pieza clave de la estrategia oficial
El avance de la reforma se consolidó gracias a una maniobra jurídica de la Casa Rosada para trasladar el expediente desde el fuero laboral hacia el contencioso-administrativo. Tal como detalla la nota de Página|12, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que la causa debe tramitarse en su jurisdicción, argumentando que el caso involucra «aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral». Los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy señalaron que el trámite original en la justicia laboral generó un «conflicto innecesario» que afectó la celeridad del proceso institucional.
La «modernización» que redefine el vínculo trabajador-empleador
Con las trabas judiciales levantadas, el Poder Ejecutivo queda facultado para implementar cambios estructurales que impactan directamente en las condiciones de contratación y despido. La normativa operativa incluye modificaciones sustanciales en el régimen de indemnizaciones, horas extras, jornadas laborales y el traslado del fuero laboral a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Estos cambios permiten al gobierno de Milei aplicar una flexibilización que la CGT define como una degradación de los niveles de protección para el trabajador.
Conflictividad en ascenso y cuestionamientos a la imparcialidad judicial
La respuesta sindical no se hizo esperar ante lo que consideran una entrega de derechos históricos. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, calificó en declaraciones recogidas por Página|12 como una “aberrante suspensión de la cautelar” el accionar de los magistrados que habilitaron la ley. El dirigente gremial fue más allá al denunciar la “obscenidad que acaban de cometer” en referencia a la extensión por cinco años del mandato del juez Víctor Arturo Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, quien firmó un fallo favorable al Gobierno un día antes de que se publicara su permanencia en el cargo en el Boletín Oficial.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de per saltum presentado por el Gobierno para acelerar el proceso, la decisión no afectó la operatividad de la reforma. El máximo tribunal consideró innecesario intervenir dado que las instancias inferiores ya habían fallado a favor de los intereses del Ejecutivo. No obstante, la disputa por la competencia judicial permanece abierta, mientras la CGT mantiene su postura de que la normativa limita severamente la acción colectiva sindical y amplía los poderes jerárquicos del sector empleador.
