Fractura en el peronismo y sombras de Lago Escondido: El Senado blindó a Carlos Mahíques
La Cámara Alta aprobó la continuidad del juez en Casación Federal. Un sector del PJ garantizó los votos, mientras el kirchnerismo denunció «lawfare» y recordó el cónclave con directivos de Clarín.
El Senado de la Nación otorgó el acuerdo para que Carlos Mahíques permanezca cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal, en una sesión que expuso una profunda grieta interna dentro del interbloque peronista. Mientras el oficialismo y un sector mayoritario del PJ acompañaron el pliego, el núcleo duro del kirchnerismo rechazó la medida alegando que Mahíques representa la «colonización del Poder Judicial» y la impunidad de los sectores económicos concentrados. Durante su defensa en comisión, el magistrado intentó distanciarse de las acusaciones políticas afirmando que «nunca actuó al servicio de objetivos ideológicos ajenos a su rol judicial».
El mapa del apoyo peronista: Gobernadores vs. Kirchnerismo
La lista de los 58 votos a favor incluyó un nutrido grupo de senadores peronistas que optaron por la gobernabilidad y el acuerdo institucional, desmarcándose de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. El apoyo fue integrado por Sergio Uñac (San Juan), Adrián Bahl (Entre Ríos), Carlos Linares (Chubut), Cándida López (Tierra del Fuego), María Teresa González (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), José Neder (Santiago del Estero) y Pablo Bensusán (La Pampa). A este esquema se sumaron aliados estratégicos como Fernando Salino y Fernando Rejal (Justicia Social Federal) y el Frente Cívico de Santiago del Estero, bajo la órbita de Gerardo Zamora. El propio Mahíques justificó su permanencia ante los legisladores expresando: «Me siento con la determinación y la voluntad para continuar en funciones».
En la vereda opuesta, los 11 votos negativos provinieron del kirchnerismo y figuras cercanas a la exmandataria. Jorge Capitanich lideró el rechazo pidiendo una reforma integral del sistema para «ampliar la Corte a nueve miembros con representación federal». A él se sumaron José Mayans, Alicia Kirchner, María Florencia López, Martín Soria, Juliana Di Tullio y el bloque de La Cámpora, integrado por Eduardo De Pedro, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ana Marks y Celeste Giménez Navarro. Para Soria, la designación es inaceptable porque el juez «no reúne condiciones éticas, constitucionales, ni jurídicas» para ocupar el cargo.
Lago Escondido y la «familia judicial»
El rechazo kirchnerista se apalanca en el rol de Mahíques en el Escándalo de Lago Escondido, el viaje secreto a la mansión de Joe Lewis financiado presuntamente por el Grupo Clarín para «arreglar» causas judiciales. En aquel cónclave participaron también el juez Julián Ercolini y altos directivos mediáticos, lo que para la oposición representa la prueba máxima de la connivencia entre sectores del Poder Judicial y el poder económico. Al respecto, Mahíques ha sostenido que es fundamental evitar «el riesgo de que los jueces se conviertan en actores políticos y los políticos en actores judiciales», una declaración que choca con las denuncias de parcialidad en su contra.
La red de influencias se extiende a su círculo familiar, lo que el kirchnerismo denomina «mafia judicial«. Carlos Mahíques integra la Sala II de Casación que juzga la Causa «Cuadernos», mientras que su hijo Juan Bautista es el actual fiscal general porteño y su otro hijo, Ignacio Mahíques, fue fiscal adjunto en la Causa «Vialidad», proceso por el cual CFK esta «proscripta». Esta endogamia es vista por analistas críticos como una vulneración a la transparencia, ya que el magistrado llegó al tribunal mediante un «traslado irregular» en 2018 que evitó el concurso constitucional específico para el cargo federal.
Implicancias de un nombramiento bajo la lupa
La aprobación del pliego no solo asegura la permanencia de un actor clave en Comodoro Py hasta que cumpla 80 años, sino que convalida una práctica cuestionada por la Corte Suprema en el fallo «Bertuzzi», donde se estableció que los traslados son provisorios. Organizaciones como ACIJ e INECIP advirtieron que validar este nombramiento implica «perpetuar una situación inconstitucional que debe ser corregida». Pese a esto, el juez defendió su origen alegando que en su momento «regía una doctrina jurisprudencial que consideraba válidos los traslados».
La continuidad de Mahíques en un tribunal que define causas de corrupción y narcotráfico refuerza la percepción de una justicia «a la carta». En su cierre ante la Comisión de Acuerdos, el juez definió su rol bajo la premisa de que «los jueces no deben exceder su función ni asumir decisiones que corresponden a la política». Sin embargo, en un escenario de extrema judicialización de la política, su nombre seguirá siendo el centro de la disputa por la independencia del Poder Judicial en Argentina.
(Basado en reportes de Clarín, Tiempo Argentino y La Política Online).
