Un nuevo y severo escenario en el frente judicial internacional vuelve a colocar en entredicho la estrategia de defensa del Estado argentino. El fondo de litigios británico Burford Capital formalizó una demanda contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, utilizando las declaraciones públicas del propio presidente Javier Milei como argumento central contra el país.
Según reveló el periodista Alejandro Bercovich en el programa Radio Con Vos y detalló el periodista Alejandro Rebossio en el portal elDiarioAR.com, la demanda se tramita técnicamente a través de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, firmas pertenecientes al grupo Eskenazi que ostentaban el 25% de las acciones de YPF al momento de la renacionalización en 2012.
La palabra del Presidente, servida como prueba de la contraparte
El elemento más crítico de la presentación judicial radica en cómo los abogados corporativos convierten la retórica oficial en evidencia contra los intereses nacionales. El escrito presentado ante el tribunal del Banco Mundial por el equipo patrocinante incluyó citas textuales de las expresiones pronunciadas por Javier Milei en televisión tras el fallo del Segundo Circuito de Nueva York en marzo de 2026.
En aquella intervención, el mandatario afirmó que «expropiar está mal porque robar está mal» y calificó la recuperación estatal de la petrolera como una «aventura suicida» que «puso a toda la Argentina en riesgo». Ante el CIADI, los representantes de Burford argumentaron que esta desautorización emitida por el propio jefe de Estado prueba que las medidas soberanas de 2012 sirvieron para un «propósito no legítimo».
Conflicto de intereses: un exárbitro nominado por el Gobierno pasa a patrocinar al demandante
El expediente pone de manifiesto, además, serias deficiencias en el control de idoneidad de la representación internacional del Estado. Entre los diez letrados de la firma Three Crowns que patrocinan a Burford —junto con los bufetes King & Spalding y Kellog, Hansen, Todd, Figel & Frederick— figura el abogado argentino Agustín García Sanz. En septiembre de 2024, la propia administración de Javier Milei había designado a García Sanz para integrar el Panel de Árbitros y Conciliadores del CIADI en representación de la República Argentina.
El profesional, graduado de la Universidad de Buenos Aires y con una maestría en Chicago, había celebrado públicamente su nominación manifestando gratitud hacia el país por la oportunidad de atender casos de relevancia. Sin embargo, para asumir la representación privada de Burford, renunció a su postulación oficial y pasó a litigar directamente contra el Estado nacional.
Implicancias políticas y de defensa soberana
Tras no haber alcanzado sus objetivos en la instancia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, el fondo de inversión decidió reactivar su ofensiva ante la jurisdicción arbitral internacional. Este movimiento evidencia la persistencia de las firmas especulativas en perseguir activos estatales. La incorporación de las afirmaciones del Presidente en el escrito de la demanda demuestra el impacto directo que tienen las declaraciones mediáticas sobre el patrimonio público.
Asimismo, el rápido tránsito de profesionales nominados por el Gobierno hacia las firmas querellantes expone la vulnerabilidad de las salvaguardas institucionales para prevenir graves conflictos de interés en causas de escala multimillonaria.
