El Salvador: el despliegue de un juicio masivo bajo el régimen de excepción
Esta semana, el sistema judicial de El Salvador inició un proceso de dimensiones inéditas: un juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Según informó el medio RT en Español, a este grupo se le imputa la comisión de más de 47.000 delitos perpetrados en un arco temporal que va desde 2012 hasta 2022.
La estructura de la acusación, detallada por la Fiscalía General de la República, abarca un amplio espectro de criminalidad que incluye homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión y tráfico de armas. Este proceso se presenta como uno de los pilares de la denominada «guerra contra las pandillas» que encabeza el Ejecutivo de Nayib Bukele.
El estado de excepción como política de Estado
El juicio no se produce en un contexto de normalidad institucional, sino bajo un estado de excepción vigente desde 2022, el cual ha sido prorrogado por el Congreso en 49 ocasiones consecutivas. La última extensión, aprobada el pasado 26 de marzo, se fundamenta en la premisa oficial de que la erradicación total de los grupos calificados como «terroristas» es la única vía para sostener los logros en seguridad.
Las cifras del sistema penitenciario salvadoreño reflejan la magnitud de este giro político. Con una población total de poco más de seis millones de habitantes, el país registra más de 91.500 detenciones desde 2022, elevando la población carcelaria a más de 130.000 reos. Esta masificación punitiva sitúa a El Salvador en una posición excepcional a nivel global por su tasa de encarcelamiento.
Líderes y territorio: el alcance del banquillo
Entre los procesados se encuentran 22 cabecillas históricos de la cúpula nacional de la MS-13, además de 212 líderes de alto rango y 152 jefes territoriales. Del total de 486 acusados, 413 comparecen desde diversos centros penales, destacándose el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la mega-cárcel de máxima seguridad que se ha transformado en el símbolo visual de la gestión actual. Por otro lado, 73 personas permanecen prófugas con órdenes de captura vigentes.
Desde la perspectiva gubernamental, la efectividad de estas medidas se mide en el descenso de la violencia letal. El Gobierno asegura que, bajo estos poderes de emergencia, la tasa de homicidios se desplomó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022 a apenas 1,3 durante el último año. No obstante, la modalidad de juicios colectivos y la suspensión prolongada de garantías constitucionales continúan generando debates sobre la sostenibilidad democrática y el debido proceso en la región centroamericana.
