El nuevo paradigma de la «No Objeción»
En un giro drástico de la política energética nacional, la Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Carmen Tettamanti, oficializó este miércoles la Resolución 166/2026, que desmantela el sistema de control previo sobre las exportaciones de hidrocarburos líquidos y sus derivados. La medida implementa operativamente los principios de la «Ley de Bases» (N° 27.742), estableciendo que el Estado ya no autorizará ventas al exterior, sino que simplemente recibirá notificaciones de las empresas. A partir de ahora, si la autoridad no plantea una objeción fundada en un plazo de 30 días, la operación queda aprobada por silencio administrativo, garantizando que el derecho a exportar no sea interrumpido durante el programa de entregas.
Derogación de controles históricos y mercado interno
La normativa deroga resoluciones clave que datan de 1994, 2017 y 2023, las cuales exigían a los productores demostrar fehacientemente que el mercado interno estaba abastecido antes de obtener permisos de exportación. El Gobierno fundamenta esta decisión argumentando que los mecanismos anteriores eran «burocráticos» y no se adecuaban a un sistema basado en la libre concurrencia y el respeto a la propiedad privada. Al eliminar la obligación de publicar ofertas de venta en el mercado local previo a la exportación, el Estado delega en los actores privados la responsabilidad del suministro, bajo la premisa de que la competencia incentivará la producción.
Impacto en los precios y soberanía energética
Una de las implicancias más sensibles de esta medida es el objetivo explícito de alcanzar el «alineamiento de los precios internos» con los valores internacionales, utilizando las paridades de exportación e importación como referencia ineludible. Este esquema busca eliminar las distorsiones que históricamente mantuvieron el precio del combustible en Argentina por debajo de los niveles globales, lo que proyecta una presión alcista persistente en los surtidores locales. El alcance de la medida afecta productos estratégicos como el aceite crudo de petróleo, gasoil, gasolinas, propano y butano.
Fiscalización post-operación y transparencia
Para intentar mantener un monitoreo mínimo, la resolución crea el Registro de Operaciones de Exportación, cuya gestión se delega en la Subsecretaría de Hidrocarburos. No obstante, el control pasa de ser preventivo a ser un registro de hechos consumados. La normativa también señala que la información detallada de estas operaciones quedará bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), simplificando los trámites administrativos para las empresas del sector, pero reduciendo la intervención directa de Energía en la planificación del recurso.
