La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la detención en tierra (ground stop) de todos los vuelos en Estados Unidos a las 3:36 p. m. EST del viernes, en lo que constituyó la primera parálisis aerocomercial nacional desde enero de 2023 y la segunda desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La medida fue adoptada por precaución mientras más de 3.500 aeronaves se encontraban en pleno vuelo, lográndose el aterrizaje seguro de la totalidad de las unidades.
La investigación preliminar del Departamento de Transporte reveló que el colapso derivó de trabajos de reemplazo de cableado analógico de cobre por fibra óptica realizados por la empresa contratista L3Harris. En medio del procedimiento, la sustitución de un enrutador de la serie Cisco 600 generó un bucle informático que saturó los equipos con 1.000 intentos de inicio de sesión cada cuatro a cinco segundos, desestabilizando 17 centros regionales de control aéreo.
Perjuicio logístico en vuelos comerciales, carga y delegaciones deportivas
El impacto de la paralización del tráfico aéreo en EE. UU. FAA ground stop se tradujo en más de 9.150 cancelaciones y 7.190 demoras el día viernes, a las que se sumaron más de 5.000 cancelaciones durante la jornada del sábado. La parálisis afectó a aeropuertos de gran volumen como Atlanta, Chicago O’Hare y JFK en Nueva York, además de paralizar envíos de carga de empresas como FedEx y alterar los traslados de equipos de la NBA, NHL y el fútbol americano universitario.
En el ámbito deportivo, equipos universitarios debieron reorganizar sus itinerarios terrestres en autobuses charter o modificar sus horarios de juego, destacándose la controversia entre los directores deportivos de Oklahoma y Ole Miss tras el aplazamiento de su encuentro. En paralelo, las autoridades aeronáuticas aclararon que la contingencia se encuadra como evento de fuerza mayor exento de compensaciones económicas adicionales obligatorias para los pasajeros por parte de las aerolíneas.
Controversia presupuestaria en el Congreso y reformas estructurales
El Secretario de Transporte, Sean Duffy, y el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartaron rotundamente hipótesis de ciberataques, sabotajes o fallos en el sistema SMART basado en inteligencia artificial. No obstante, Duffy enfatizó la extrema antigüedad de la infraestructura aeronáutica estadounidense y reclamó una partida presupuestaria de emergencia de hasta 50.000 millones de dólares para encarar una modernización integral.
Por su parte, legisladores de la oposición parlamentaria citaron a las autoridades a rendir cuentas ante las comisiones de Transporte y Aviación del Congreso. Desde la bancada opositora señalaron que el Poder Ejecutivo solo ha ejecutado 1.000 millones de los 12.500 millones de dólares asignados previamente por el Poder Legislativo para la renovación del control aéreo, exigiendo explicaciones detalladas antes de autorizar nuevos giros de fondos públicos.
