Aparentes incidentes aislados de acoso sexual en carnavales, expuestos a luz pública en esta capital, recolocaron en días recientes el foco uruguayo hacia la violencia basada en el género que transita por lo cultural y la inequidad entre convergentes rutas.
Diversas denuncias se hicieron virales en redes sociales alrededor del segmento denominado Carnaval de las Promesas, en el que participan solo jóvenes y niños debido a que algunas de las muchachas aquejaron abusivas presiones masculinas provenientes de figuras responsables.
En una inmediata reacción el intendente capitalino Christian Di Candia, separó de cargos que desempeñaban a identificados y confesos agresores, y dijo estar muy preocupado una situación que atribuyó ‘al patriarcado en el que vivimos y a la cultura machista imperante que tenemos cada uno de nosotros’.
Con más contundencia, el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz habilitó una línea para atender denuncias de abuso sexual en el marco de la etiqueta #VaronesCarnaval, en tanto la fiscal especializada en delitos sexuales, Darviña Viera, indicó que ya estaba investigando uno de los casos que aparece en esos testimonio.
Ella es la que lleva la sonada causa de explotación sexual de adolescentes, que involucra hasta el presente a 32 adultos de 40 a 70 años de edad con predominantes perfiles empresariales y profesionales adinerados y por lo menos 18 víctimas dispuestas a testimoniar ante la justicia.
Alrededor de lo ocurrido en el espectáculo carnavalesco la candidata a intendente capitalina desde el Frente Amplio, Carolina Cosse, opinó que ‘estamos corroborando que el machismo existe, y no nos tiene que sorprender que aparezcan en distintos ámbitos: en el empresarial, en la política, en el carnaval’.
Organizaciones feministas valoran de forma positiva la serie de denuncias que conoce sobre casos de acoso y abuso sexual y un referente como Andrea Tuana de la organización no gubernamental El Paso dijo que se abrió una puerta a un camino que no tiene retorno, aunque todavía falta que las mujeres se animen a hablar de las violencias estructurales que vivieron.
Por cierto que desde el 11 de septiembre de 2009 entró en vigor la Ley de Acoso Sexual. Prevención y sanción en el ámbito laboral y en las relaciones docente alumno.
A tenor con su texto, se identifican las figuras punibles de pedidos de favores sexuales mediante promesas, amenazas o exigencias; acercamientos corporales u otras conductas físicas sexuales indeseadas y ofensivas; uso de expresiones o imágenes sexuales humillantes u ofensivas.
También prevé responsabilidad de empleadores de fomentar un clima de respeto, protección a denunciantes y castigos a denuncias falsas, aunque no siempre los procesos relativos transcurran en deseable línea recta.
Al calor de los referidos incidentes en la fiesta popular El Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay dio a conocer su preocupación’ por la ‘ola de cientos de denuncias por diversas formas de violencia de género hacia mujeres, adolescentes y niñas surgidas en los últimos días que involucran a numerosos ámbitos de la sociedad uruguaya’.
Un comunicado emitido sostiene que en Uruguay ‘a pesar de los significativos avances en la implementación de los marcos normativos y las políticas públicas para erradicar la violencia de género, resta mucho por hacer’ y agrega que ‘en particular, urge abrazar un cambio cultural que asegure una verdadera igualdad de género y la posibilidad de vivir una vida libre de violencia’.
La Segunda Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género de 2019 reveló que el 76 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia basada en género; en su mayoría en el ámbito doméstico y familiar
Por otro lado, la encuesta Habitar Urbano en Montevideo y Área Metropolitana (2018) constata que el 84,5 por ciento de las mujeres entre 18 y 44 años vivieron acoso sexual en los espacios públicos al menos una vez en su vida, y los agresores eran hombres desconocidos en el 90 por ciento de los casos.
El comunicado citado subraya ‘la importancia de abrir la conversación sobre la violencia y el acoso sexual y promover que la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, se involucren y actúen de forma urgente ante esta problemática’, para ratificar una continuada voluntad de apoyo a todas las iniciativas que apunten ‘a la transformación que habilitan dicha violencia’.
Pero en esa escalada agresiva los feminicidios constituyen la consecuencia más despiadada de la violencia de género, de tal manera que en 2017 se aprobó en Uruguay la Ley 19.538 que modificó el Código Penal e introdujo el feminicidio como agravante del homicidio en aquellos casos en que una mujer sea asesinada por cuestiones asociadas a su género.
Según las estadísticas, en la mayoría de los casos el autor era pareja o ex pareja de la víctima, aunque se reconoce un abanico amplio y parámetros variados: íntimo; no íntimo; por agresión sexual; infantil; familiar; familiar sexual; por conexión; por ocupaciones estigmatizadas; por trata; por tráfico; el marco del narcotráfico; transfóbico; lesbofóbico y étnico racial.
En el marco del trabajo coordinado y sostenido entre la División Políticas de Género del Ministerio del Interior y la División de Violencia Basada en Género del Instituto Mujeres en el período 2012-2018 se siguió una metodología de trabajo consistente en revisar los casos de homicidio cometidos durante esos seis años en los que se detectó al menos una mujer.
El año 2019 terminó con 25 mujeres asesinadas por razones de género y entre el 1 de enero y el 30 de octubre se registró 32 mil 721 denuncias de violencia doméstica y delitos asociados, lo que tradujo 108 denuncias diarias, una de cada 13 minutos.
A reclamos del movimiento feminista que movilizó a un arcoíris de sectores sociales, el presidente Tabaré Vázquez emitió una declaración de emergencia nacional contra la violencia doméstica.
Y en lo que va de este 2020 la situación en nada mejoró si hasta su octavo mes se contabilizaban 19 feminicidios atroces y 10 intentos que dejaron gravemente heridas a las víctimas.
¿Una pandemia paralela?
El 24 de julio último una multitudinaria marcha de alerta feminista volvió a repletar la céntrica avenida 18 de Julio de la capital en la que se recordó a las recientes mujeres asesinadas y concentró a los más conscientes y sensibilizados de la sociedad uruguaya.
Allí se protagonizó otro capítulo de indignación con mucho todavía por andar para que se traduzca en interiorizada cultura de equidad de género, preciosa expresión de justicia social.
*corresponsal de Prensa Latina en Uruguay
