Una joven de 21 años sufrió una grave lesión cerebral tras ser embestida violentamente por un instructor durante una práctica antidisturbios en la base militar de Vicente López. La Justicia federal investiga un posible caso de maltrato y abuso de autoridad, lo que derivó en la detención de nueve integrantes de la fuerza de distintos rangos.
El pasado 4 de abril, lo que debía ser un entrenamiento rutinario para Brisa Páez, una joven con tan solo cuatro meses de antigüedad en la Armada y sin formación específica en operativos de control de multitudes, se convirtió en una pesadilla. Según la investigación judicial en curso, la joven fue víctima de una violenta embestida por parte de un instructor durante una simulación de movilizaciones. El impacto provocó que Páez cayera al suelo, golpeando fuertemente su cabeza a pesar de llevar casco.
Testigos presenciales relataron que, inmediatamente después del golpe, Páez manifestó sentirse desorientada y con un intenso dolor de cabeza. Sin embargo, y pese al conocimiento de sus superiores sobre su estado, el entrenamiento continuó. La situación se agrava aún más por testimonios que sugieren que la joven ya venía sufriendo hostigamientos por parte de un grupo de integrantes de la fuerza, y que durante la práctica, los golpes dirigidos hacia ella eran significativamente más fuertes que los propinados a sus compañeros. Una de las hipótesis que maneja la Justicia apunta a una posible relación personal previa de Páez con un miembro de este grupo, lo que podría haber motivado el maltrato como una forma de «venganza».
La negligencia en la atención médica posterior al incidente es otro punto crítico de la investigación. Páez no fue atendida hasta la finalización del entrenamiento en la base. Un médico constató su malestar y ordenó su traslado al Hospital Militar de Campo de Mayo. Sin embargo, su estado se deterioró rápidamente, presentando una falta de sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Esto llevó a un nuevo traslado al Hospital Militar Central, donde los médicos decidieron inducirle un coma debido a las reiteradas convulsiones.
El diagnóstico posterior reveló un «daño axonal difuso», una lesión que indica que las fibras que conectan las células cerebrales sufrieron un traumatismo severo. Este cuadro sugiere que el cerebro de Páez no solo se vio afectado por el golpe inicial, sino también por la continuidad de la actividad física exigida durante el entrenamiento. Afortunadamente, tras este diagnóstico, su tratamiento fue modificado y su estado actual presenta una evolución favorable, aunque permanece internada en terapia intensiva.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la causa, ordenó esta semana la detención de nueve integrantes de la Armada de diferentes rangos que participaron en el entrenamiento, tanto en la ejecución como en la supervisión. Entre los detenidos se encuentra el instructor señalado como el responsable directo de la embestida que hirió a Páez, cuya identidad aún no ha trascendido públicamente.
Además de las detenciones, se realizaron allanamientos en los domicilios de los implicados y en la base naval de Vicente López. Durante estos procedimientos, se secuestraron videos del entrenamiento, documentos y teléfonos celulares con el objetivo de reconstruir los hechos y la posible trama de hostigamiento detrás del violento episodio. Se espera que los detenidos presten declaración en los próximos días, tras lo cual la jueza Arroyo Salgado deberá definir su situación procesal en el marco de una causa por lesiones que podría derivar en acusaciones más graves como encubrimiento o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que, paralelamente a la causa federal, la Armada ha iniciado una investigación interna y se evalúa la posibilidad de apartar de sus cargos a los involucrados. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido pronunciamientos públicos oficiales ni por parte de la fuerza, ni del Ministerio de Defensa, ni de su titular, Luis Petri.
Este grave incidente plantea interrogantes sobre los protocolos de entrenamiento de la Armada, especialmente en lo que respecta a la preparación de personal recién ingresado para actividades de alto riesgo como el control de disturbios. También suscita preocupación la aparente falta de atención inmediata a la salud de la joven y las denuncias de hostigamiento previo, lo que podría configurar un escenario de abuso de autoridad y maltrato sistemático dentro de la institución. La investigación judicial buscará esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este preocupante caso que mantiene a una joven en grave estado y sacude a la fuerza naval.
