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Piden elevar a juicio causa contra herederos de un represor de la banda de Aníbal Gordon

El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi confirmó la elevación a juicio oral y público de cuatro herederos de un integrante de la banda del agente parapolicial Aníbal Gordón, por lavado de activos de propiedades que fueron incautadas como parte de ilícitos considerados como delitos de lesa humanidad.


El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi confirmó la elevación a juicio oral y público de cuatro herederos de un integrante de la banda del agente parapolicial Aníbal Gordón, por lavado de activos de propiedades que fueron incautadas como parte de ilícitos considerados como delitos de lesa humanidad, según informaron a Télam fuentes judiciales.

Los acusados son hijos del represor Leonardo Miguel Save, ex agente inorgánico de la exSIDE y de estrecha confianza con Gordon en las acciones de represión ilegal que se llevaron a cabo en el centro clandestino de detención ilegal de Automotores Orletti.

Se trata de unos terrenos que se encontraban a la vera de la laguna de Chascomús que fueron comprados por Save con dinero que la banda de Gordon le había robado a militantes uruguayos que estuvieron cautivos en Orletti.

Los imputados son los hermanos María Natalia, Ana María, Marcelo Leonardo y María Eugenia Save, quienes habrían participado desde 1999 en una serie de actos irregulares tendientes a disimular el origen de estas propiedades.

En una operación característica de la Operación Cóndor, la modalidad represiva que coordinaban las dictaduras militares del cono sur, un grupo de agentes argentinos y uruguayos secuestraron en septiembre de 1976 en Buenos Aires al militante Alberto Cecilio Mechoso Méndez.

Mechoso Méndez era uruguayo, estaba exilado en Argentina e integraba el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), una organización que se oponía a la dictadura iniciada por Juan María Bordaberry, en el vecino país.

Gordon y su banda se robaron del domicilio de este militante varios millones de dólares que el PVP utilizaba para financiar sus actividades, y un mes después compraron estas parcelas en Chascomus, según datos que se consignan en la causa.

En esos terrenos, la banda planificaba el desarrollo de un proyecto inmobiliario que no pudo concretarse debido a una disputa con las autoridades militares que por entonces gobernaban la provincia de Buenos Aires.

Esta investigación se inició tras una denuncia realizada por organismos de derechos humanos, que alertaron sobre la existencia de una fosa común con restos de desaparecidos en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, que hasta el momento no pudo ser hallada, de acuerdo a lo consignado por voceros judiciales.

Los hijos de Save habían sido embargados procesados en 2018 por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien determinó que se cometieron ilícitos en cuanto al registro de estas propiedades.

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