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Megacausa Jujuy: la fiscalía avanzó en el alegato con la descripción de las detenciones ilegales, las torturas y los abusos sexuales

En la continuidad de su exposición, el MPF describió las atrocidades sufridas por las víctimas en distintos lugares de detención, en especial en el centro clandestino ubicado en la localidad de Guerrero. Destacó los apagones de energía eléctrica que precedieron a los secuestros.

En una nueva audiencia del juicio seguido contra 23 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 121 víctimas, la Unidad Fiscal de Jujuy, representada por el fiscal federal Federico Aníbal Zurueta, se refirió ayer a numerosos casos de allanamientos ilegales, privación ilegítima de la libertad, torturas y abusos sexuales.

En la exposición, de la que también participó la auxiliar fiscal Marina Cura, el representante del Ministerio Público Fiscal abordó hechos ocurridos en las localidades jujeñas de Calilegua, Libertador San Martín, Ledesma y también en la provincia de Tucumán.

Los casos, acumulados en lo que se conoce como “Megacausa Jujuy”, son motivo de juicio desde el 21 de junio de 2018 ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Federico Díaz (presidente) Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus. La fase de alegatos, a cargo inicialmente de la fiscalía, comenzó el 10 de febrero pasado. Desde entonces, el MPF expone la acusación los jueves, que es el día fijado para las audiencias.

Entre los acusados, ex integrantes de la policía jujeña y dependencias de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Ejército, se encuentran Raúl José Borges Do Canto, Rafael Mariano Braga, Carlos Humberto Cachambe, Osvaldo Héctor Caraballo, Inés Roque Cari, Virgilio Choffi, Raúl Armando Claros, Mario Marcelo Gutiérrez, Juan Carlos Jones Tamayo, Juan De La Cruz Kairuz, José Américo Lescano, Rodolfo Oscar López, Juan Carlos Lucero, Ceferino Narváez, Orlando Ricardo Ortíz, Carlos Raúl Pérez, Pedro Ríos, Hugo Armando Ruiz, Bernardo Salinas y Herminio Zárate.

Sobre los allanamientos ilegales y la privación ilegítima de la libertad, investigados, en este caso en 3 de las 16 causas acumuladas, el fiscal dio por probados ayer estos delitos y fundó su convicción en numerosas pruebas testimoniales y documentales.

Explicó que estos procedimientos fueron parte de un plan criminal previamente delineado a partir del esquema represor dominante, que tenía como objetivo principal la aniquilación de todas las personas que, de una manera discrecional y antojadiza, tildaban como “enemigos de la seguridad nacional”.

“La noche del apagón”

Los allanamientos y detenciones ilegales, según explicó, contaron con un ardid clave para asegurarse el éxito y la impunidad, como fue el corte deliberado de la energía eléctrica en los lugares donde se iban a realizar los procedimientos masivos, razón por la que se conocen los hechos como “La noche del apagón”.

Describió que, con las ciudades a oscuras, los grupos armados recorrieron numerosas casas; en algunos casos se abrieron paso a tiros, pues los testigos confirmaron haber visto ráfagas de ametralladoras. Al respecto, Zurueta citó el relato de un testigo, quien reveló que a una víctima “le han desarmado la casa a tiros, con itacas y ametralladoras… Toda la pared quedó con agujeros de balas”.

En base a la prueba testimonioal, la fiscalía reconstruyó que, cuando las víctimas se quejaban por el frío, les arrojaban agua hervida, produciéndoles graves heridas. Con esta misma modalidad, y el uso de alambres calientes, eran torturadas en la espalda, los genitales y los glúteos.

Añadió que, después de causar destrozos en las casas allanadas, modalidad que generó gran temor en la población, los acusados secuestraron personas cuyos nombres provenían de un listado que estaba en manos de un comisario, quien fiscalizaba las detenciones.

Zurueta explicó que, con los ojos vendados y maniatados, decenas de detenidos fueron golpeados y trasladados por varias dependencias policiales, incluida la central de la policía de esa provincia, para finalmente terminar en el centro clandestino ubicado en la localidad jujeña de Guerrero.

Estos operativos, indicó, se extendieron incluso a la provincia de Tucumán, donde varios estudiantes jujeños, que estaban allí instalados para seguir sus carreras universitarias, fueron arrestados y trasladados al mismo centro de detención, en Jujuy, donde algunos de ellos fueron asesinados.

El fiscal destacó las insistentes gestiones de los familiares por saber sobre su paradero, como también las respuestas que recibieron. En uno de los casos, por ejemplo, recordó que un padre intentó presentar un habeas corpus, pero le dijeron que “no se podía caminar contra el viento”.

En otro hecho, la hermana de un detenido reveló que llegó hasta Buenos Aires, ya que los martes y jueves había audiencias en el edificio Libertad, sede de la Armada. Contó que, al presentarse, el capellán de esa fuerza era quien “nos daba la lista de los chicos que estaban y los que no estaban”. Cuando preguntó sobre los que no estaban en la lista, la respuesta fue lapidaria. “Seguro que ya no está más… Y hay que pedirle a Dios que lo perdone”, fue la respuesta narrada por la testigo que el fiscal citó en su exposición.

También refirió los episodios descriptos por las víctimas sobrevivientes, quienes coincidieron en sostener que, apenas eran detenidos, ya sea en sus casas o cuando se presentaban en la policía, se le vendaba los ojos, eran maniatadas y golpeadas.

Recordó que, luego, y por lo general en el centro clandestino de Guerrero, se les remplazaba la identidad por un número y eran obligados y obligadas a darse a conocer mediante esa modalidad.

Entre otras maniobras crueles, recordó los relatos que indicaron que las víctimas se ilusionaban con la liberación cuando las hacían peinar y asear, pero indicaron que ello solo ocurría para divertimento de los captores.

Sobre estos hechos, el fiscal indicó que no sólo se cuenta con el relato de las víctimas, sino también con prueba documental, como el registro de libros y hasta la declaración de un policía, quien aseguró que, en esos tiempos (julio de 1976), los detenidos eran todos de orden político.

El 28 de julio, día de la Gendarmería Nacional, las mujeres eran subidas al primer piso, donde debían preparar la comida para la fiesta, tras lo cual era sometidas a sesiones de abusos sexuales de todo tipo, mientras que a los hombres les solían colocar guantes de boxeo, para luego divertirse golpeándolos hasta dejarlos inconscientes, narró la fiscalía.

Torturas y violaciones

Por su parte, la auxiliar fiscal narró en base a la prueba las extensas sesiones de torturas con picana en interrogatorios en los cuales las víctimas eran colgadas de los pies con una roldana e introducidas en tachos de 200 litros.

Explicó que no recibían atención médica, que la comida era escasa y que tenían prohibido hablarse. No obstante, dijo que se comunicaban golpeando las paredes de las celdas.

Sin poder si quiera ir al baño, los detenidos eran sometidos todas las noches a tormentos atroces, marcó la representante del MPF. Explicó que en algunos casos, cuando se quejaban por el frío, les arrojaban agua hervida, produciéndoles graves heridas. Con esta misma modalidad, y el uso de alambres calientes, eran torturados en la espalda, los genitales y los glúteos.

La falta de comida y ropa de abrigo, en pleno invierno, provocó que muchos de los presos padecieran graves enfermedades, entre ellas gangrena, recordó la auxiliar fiscal en base a los testimonios.

Remarcó que lo más atroz, sin embargo, sucedía cada vez que alguna de las fuerzas estaba de festejo por alguna fecha importante, por ejemplo, el 28 de julio, aniversario de Gendarmería.

En ese día, describió la funcionaria, las mujeres eran subidas al primer piso, donde debían preparar la comida para la fiesta, tras lo cual era sometidas a sesiones de abusos sexuales de todo tipo, mientras que a los hombres les solían colocar guantes de boxeo, para luego divertirse golpeándolos hasta dejarlos inconscientes.

Puso de relieve que, ante las constantes golpizas y simulacros de fusilamientos, había víctimas que pedían que las mataran. Dos intentaron huir y fueron asesinadas. Otros, en tanto, morían durante los interrogatorios, episodios que eran motivo de risas por partes de los represores.

En estos casos, y a pesar de no contar con documentación sobre las atrocidades sufridas, la fiscalía destacó el relato y coincidencia en la declaración de las personas sobrevivientes, en especial de tres mujeres que, con enorme valentía, brindaron sus testimonios respecto a los abusos sexuales sufridos.

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