La Patagonia argentina vuelve a ser el escenario de una disputa que trasciende lo inmobiliario para convertirse en un conflicto de soberanía nacional. En una reciente entrevista concedida al programa Bonavitta 530 en Somos Radio AM 530, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda detalló las irregularidades detrás de la compra de tierras por parte de capitales vinculados a los Emiratos Árabes Unidos. Según Odarda, «este caso refleja el proceso de extranjerización que ha recrudecido en los últimos años» y evidencia cómo se vulnera impunemente la ley de protección de tierras rurales y la legislación de áreas de frontera.
«Pantallas jurídicas» y millones extranjeros
El foco de la polémica recae sobre Hugo Barabuchi, un ciudadano argentino vinculado al mundo del polo en el Golfo, quien habría adquirido una estancia en 2017 alegando haber recibido una «donación» de más de 2 millones de dólares de los Emiratos Árabes. Para Odarda, esta figura es una clara muestra de las «personas interpuestas» que actúan como pantallas para capitales extranjeros. La legisladora enfatizó que «la ley prohíbe que compren extranjeros ni por sí ni por personas interpuestas aunque sean argentinos», calificando la maniobra como un delito de fraude a la ley que nunca fue investigado por la justicia local.
La trazabilidad del dinero también genera sospechas de delitos financieros. La información recabada indica que los fondos habrían salido de una cuenta en Abu Dhabi, pasando por el JP Morgan en Nueva York, pero sin registro de ingreso formal al sistema bancario argentino. Ante esta falta de transparencia, la legisladora rionegrina señaló que «estamos pidiendo que se investigue si ese ingreso de dinero no constituye contrabando de divisas o lavado de activos». El origen de los fondos pone en duda no solo la legalidad de la compra, sino también la integridad de los controles estatales sobre divisas extranjeras.
Agua, glaciares y soberanía en riesgo
La ubicación de las tierras adquiridas agrava el conflicto, ya que se encuentran en zonas de alta sensibilidad ambiental y geopolítica. Se trata de áreas que contienen nacientes de ríos y están protegidas como reservas de la biósfera por la UNESCO. Odarda denunció que estos grupos «compraron una naciente de aguas en una zona altamente protegida porque es reserva de la UNESCO», incluyendo el Cerro Carreras, donde existen geoformas glaciarias inventariadas por el IANIGLA. El acceso a recursos hídricos vitales queda así en manos de estados extranjeros, sin que existan mecanismos de control efectivos.
La complicidad política es, según la denuncia, el motor que permite este avance sobre el territorio. Odarda apuntó directamente contra la gestión del gobernador Alberto Weretilneck y el Gobierno Nacional, acusándolos de facilitar estas operaciones mediante el debilitamiento de la normativa vigente. En sus declaraciones, afirmó que estas acciones cuentan con «la venia del gobierno de Río Negro y el gobierno nacional que intenta tirar abajo la ley de tierras» para legalizar este tipo de transacciones en áreas sensibles para la soberanía nacional.
¿Refugio o blanco militar? El misterio de los búnkeres
Uno de los puntos más inquietantes del informe es la construcción de fortificaciones subterráneas en estas estancias. Siguiendo el modelo de Joseph Lewis en Lago Escondido, se han detectado obras de búnkeres con niveles blindados en zonas de frontera. Odarda vinculó estas construcciones con el contexto geopolítico de Oriente Medio y advirtió que «si lo toman a la Patagonia como zona de refugio, también nosotros podemos llegar a ser un blanco militar», rompiendo la histórica posición de neutralidad de Argentina.
Finalmente, la resistencia territorial frente a este avance extranjero ha quedado en manos de las comunidades originarias. La legisladora destacó el caso de Soledad Caunao, integrante de la comunidad mapuche local, quien se enfrentó en juicio al poder económico y político para defender su territorio. Odarda subrayó que la imagen de ese juicio fue significativa para entender «la entrega que se está haciendo de nuestros bienes naturales comunes en todo el país pero en la Patagonia en particular». La falta de consulta previa a los pueblos indígenas, obligatoria por ley, sigue siendo una constante en estos procesos de extranjerización.
