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El represor Sánchez llegó extraditado a la Argentina y deberá responder por delitos de lesa humanidad

Gonzalo “Chispa” Sánchez, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, arribó a las 20.36 al aeropuerto internacional de Ezeiza, extraditado desde Brasil, y será trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales.


El represor y ex prefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez llegó ayer a Buenos Aires extraditado desde Brasil y deberá responder ante la justicia argentina, que lo acusa de haber participado de los grupos de tareas de la ESMA durante la dictadura cívico militar y de ser uno de los secuestradores del periodista Rodolfo Walsh.

Sánchez arribó esta tarde al aeropuerto internacional de Ezeiza en un avión de la Policía Federal Argentina que lo trasladó desde la ciudad de Foz de Iguazú, en Misiones, donde culminó el operativo de extradición, que fue supervisado “minuto a minuto” por el canciller Felipe Solá, según precisaron fuentes del Palacio San Martín.

La Cancillería argentina trabajó en coordinación permanente con el Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado del represor al país y con el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones.

Custodiado por personal de Interpol, el acusado fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, en la calle Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde quedará detenido en forma provisoria y a disposición de la justicia argentina.

Según señalaron fuentes judiciales, Sánchez permanecerá en la Superintendencia de Investigaciones Federales al menos 14 días para cumplir la cuarentena obligatoria dispuesta para cualquier persona proveniente del extranjero, antes de cualquier traslado.

El operativo estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, departamento Interpol, de la Policía Federal en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El represor, de 69 años, quedará ahora a disposición del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien subroga el juzgado federal 12 en el que está radicada la megacausa ESMA, y deberá responder por 900 hechos, según indicaron fuentes judiciales.

La indagatoria, que será en los próximos días, aún no tiene fecha porque en el Poder Judicial evaluaban por estas horas de qué manera proceder ante las limitaciones que las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus les imprimen a los procesos judiciales.

Ex miembro del Grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, el ex prefecto y represor Gonzalo “Chispa” Sánchez está acusado de crímenes de lesa humanidad y de haber participado en el operativo que el 25 de marzo de 1977 secuestró en el barrio San Cristóbal, en la Ciudad de Buenos Aires, al periodista y autor de clásicos como “Operación Masacre”, Rodolfo Walsh.

El represor había partido ayer desde la base aérea del aeropuerto Antonio Carlos Jobim de Río de Janeiro en un avión de la Policía Federal de Brasil, que lo llevó hasta el aeropuerto internacional de Foz de Iguazú, en el estado sureño de Paraná, donde pasó la noche custodiado en una celda y, pasado el mediodía, fue trasladado por el paso fronterizo de Puerto Iguazú, donde las fuerzas brasileras lo entregaron con un reporte médico y su correspondiente test de Covid-19.

El operativo fue ejecutado luego de que el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña fue informado de la detención del represor en Paraty, Río de Janeiro, el lunes pasado, según detalló a esta agencia una fuente diplomática brasileña.

Dado que la extradición había sido aprobada en 2017, no hubo más trámites que la ejecución de la medida, explicó.

El ex marino fue detenido en la tarde del pasado lunes por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty, en el sur del estado de Río de Janeiro, por una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de Brasil para extraditarlo a la Argentina.

El represor fue detenido por orden del juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal que tramitó la extradición y que fue concedida el martes último por Brasil para dar inicio a las gestiones para que sea trasladado a la Argentina.

“El pedido de prisión preventiva para extradición fue formulado por la representación nacional de Interpol, con base en informaciones de las Alertas Rojas incluidas allí por las autoridades argentinas”, según indicó en un comunicado la Policía Federal de Brasil.

Este constituye el primer caso de extradición sobre asuntos de derechos humanos del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien reivindica a la dictadura militar brasileña y recientemente elogió a los ex dictadores Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Augusto Pinochet, de Chile.

De acuerdo con lo que se desprende de la causa judicial, Sánchez integró el grupo operativo que emboscó a Walsh en 25 de marzo de 1977 en el barrio de San Cristóbal, donde el autor de “Operación Masacre” e integrante de la organización Montoneros cayó asesinado tras resistir con una pistola calibre 22 con la que hirió a uno de sus atacantes.

El cuerpo del escritor fue trasladado a la ESMA, lugar en el cual se presume que se lo incineró en terrenos adyacentes al Río de La Plata

“Chispa” fue mencionado en las denuncias que formularon los sobrevivientes de ESMA en el exterior, ante la Conadep y en el Juicio a las Juntas, pero la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final evitó que enfrentara la acción de la Justicia en los primeros años de la recuperación democrática.

Vinculado a empresas pesqueras durante los años ’90, recaló a fines de esa década en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste, donde se jactó de su pasado represivo y recibió una declaración de persona no grata por parte del Concejo Deliberante de esa ciudad.

A principios de los 2000, se profugó a Brasil, país en el cual eludió una orden de captura cursada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la megacausa ESMA.

Sánchez había sido detenido en 2013 en la ciudad de Angra dos Reis, también en el litoral sur de Río de Janeiro, para extradición, pero en 2016 obtuvo la prisión domicilaria, de la que se escapó.

El represor se había radicado en Brasil para trabajar en la industria naval en el litoral de Río de Janeiro, pero un nuevo pedido de captura llegó en 2019 y el Supremo Tribunal Federal autorizó la extradición hacia Argentina.

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