Bajo una lógica de «eficientización» del rol estatal y urgencia recaudatoria, el Gobierno Nacional oficializó este martes la autorización para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) proceda a la venta, enajenación o transferencia de una serie de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional. La medida, plasmada en el Decreto 322/2026, se fundamenta en la supuesta falta de utilidad de estos activos para la gestión pública actual.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, otorga facultades plenas a la AABE para desprenderse de tierras y edificios que el organismo ha calificado como «ociosos» o que presentan un «uso indebido o subutilización».
El argumento oficial: ahorro y «dinamización» económica
Para el Ejecutivo, mantener estos inmuebles genera costos de custodia y conservación que el erario público no debe afrontar si no existe un destino específico para los mismos. Según los considerandos de la norma, la venta no solo servirá como fuente de ingresos directos para el Tesoro Nacional, sino que también busca «generar un impulso en la economía» al poner estas tierras al servicio de actividades productivas privadas.
Sin embargo, desde una perspectiva federal, esta enajenación plantea interrogantes sobre la pérdida de soberanía territorial. La AABE, actuando como órgano rector centralizado en Buenos Aires, es quien define qué bienes son «innecesarios», basándose en sus propias auditorías internas. Esta discrecionalidad técnica permite la liquidación de activos estratégicos que podrían tener un valor social o logístico para las provincias.
El impacto en los activos ferroviarios
Uno de los puntos más sensibles de la normativa es la inclusión de inmuebles desafectados de la operatividad ferroviaria. El decreto ratifica que la administración y disposición de estas tierras queda bajo la órbita de la AABE, lo que facilita el cese de su condición dominial pública para su posterior subasta.
Para las comunidades del interior, donde el ferrocarril ha sido históricamente el eje del desarrollo, la venta de estos terrenos representa una barrera potencial para futuros proyectos de reactivación del transporte o de integración urbana. La norma prioriza la «reconstrucción de la economía» mediante la transferencia a manos privadas por sobre la preservación de infraestructura pública de largo plazo.
Un proceso sin control parlamentario previo
La autorización para disponer de estos bienes se basa en facultades conferidas por decretos previos de 2012 y 2015, evitando así un debate pormenorizado en el Congreso Nacional sobre el listado de propiedades a rematar. Aunque el detalle técnico de los inmuebles se incluyó en un anexo publicado digitalmente, la decisión política de desprenderse del patrimonio nacional se toma de forma unilateral por el Ejecutivo.
Críticos de la medida señalan que, si bien se invoca la «inclusión social» y el «interés público» como posibles fines de las transferencias, la práctica habitual de estos procesos suele derivar en desarrollos inmobiliarios en zonas de alta renta, alejándose de las necesidades habitacionales o de servicios públicos de los sectores populares.
