La Sala IV de Casación Federal ratificó el decomiso de 111 bienes en el marco de la denominada «Causa Vialidad», tras rechazar un planteo de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que buscaba suspender la ejecución de su patrimonio. La resolución, difundida originalmente por el diario Página|12, lleva la firma de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
El criterio judicial sobre el origen de los activos
El tribunal fundamentó su decisión en que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”, validando así la resolución previa del Tribunal Oral Federal 2. Los jueces sostuvieron que la maniobra investigada responde a una criminalidad organizada que dificulta el seguimiento de los fondos, por lo que desestimaron el pedido de la defensa de realizar una reconstrucción exhaustiva del flujo de dinero.
Respecto a la vinculación económica, el fallo señala que “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”. En su lugar, el tribunal consideró suficiente acreditar una coincidencia temporal y una vinculación razonable entre el incremento del patrimonio y las maniobras de direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Distribución de los bienes afectados
De la totalidad de los 111 bienes sujetos a la medida, solo uno se encuentra a nombre de la expresidenta, mientras que 19 corresponden a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La mayor parte del decomiso recae sobre el empresario Lázaro Báez, a quien se le ejecutarán 80 propiedades. Cabe destacar que el juez Borinsky presentó una disidencia parcial al considerar que “no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito” en el caso de los activos heredados por los hijos de la familia Kirchner.
El tribunal insistió en que el esquema delictivo generó un “entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner”, producto de negocios compartidos durante el período de la maniobra. Este avance judicial se produce en un contexto de máxima tensión, mientras la expresidenta permanece bajo arresto domiciliario y enfrenta otras causas.
El descargo de la defensa y el frente judicial
Desde el entorno de la exmandataria se ha denunciado sistemáticamente una persecución judicial, calificando los procesos como prácticas mafiosas. Durante sus declaraciones ante los tribunales, Kirchner ha cuestionado la falta de pruebas directas sobre su enriquecimiento personal, afirmando: “Si me hubiera robado miles de millones no estaría sentada acá seguramente”.
La expresidenta vincula estos fallos a una estrategia mediática y judicial, advirtiendo ante los jueces que “me puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”. Mientras se define la ejecución de sus bienes, la justicia también avanza en la denominada «Causa Cuadernos», donde la exmandataria sostiene que se utilizan testimonios bajo coacción para sostener las acusaciones en su contra.
