El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal II con 44 votos afirmativos, 23 negativos y ninguna abstención. La votación reflejó el respaldo del bloque oficialista La Libertad Avanza junto a bancadas aliadas como el PRO, UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas. En contraste, el bloque Justicialista rechazó unánimemente la medida.
La nueva normativa modifica el régimen sancionatorio tributario, la prescripción de obligaciones y los criterios para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Durante la sesión del 17 de septiembre de 2026, la discusión parlamentaria expuso dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado y la fiscalización patrimonial.
Un esquema sin topes patrimoniales y la denuncia de un blanqueo encubierto
Durante su intervención en la Cámara alta, el presidente del bloque Justicialista, senador José Mayans, cuestionó la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que contenía la primera versión de la norma. Según la exposición de Mayans reflejada en la transmisión de Senado Argentina, la versión original fijaba topes de 1.000 millones de pesos en ingresos y 10.000 millones en patrimonio, mientras que la reforma aprobada amplia el universo sin restricciones para los contribuyentes.
En su discurso, Mayans calificó la iniciativa como una «ley de blanqueo» y de «lavado fiscal» que desarma las herramientas de persecución de la evasión tributaria. El legislador fundamentó su postura señalando que la norma beneficia de forma directa a sectores de altos ingresos y a funcionarios con inconsistencias en sus declaraciones juradas, citando expresamente el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Asimismo, el titular de la bancada opositora remarcó que la medida resulta ajena a las necesidades de las mayorías populares. «Esta ley no es para los trabajadores ni para los jubilados», aseveró Mayans al señalar que la norma excluye a un universo de más de 20 millones de personas compuestas por 13 millones de asalariados y 9 millones de jubilados y pensionados que no poseen mecanismos ni capacidad de evasión.
Desfinanciamiento provincial e impacto macroeconómico
La perspectiva crítica expresada en el recinto puso foco en las repercusiones territoriales de la reforma. Mayans advirtió que la flexibilización en el Impuesto a las Ganancias impactará negativamente en la recaudación nacional y, en consecuencia, reducirá los fondos coparticipables que reciben las provincias. Este deterioro fiscal ocurre en un momento en que las economías regionales registran caídas consecutivas en sus ingresos.
Expertos dan cuenta de la maniobra oficialista para captar las divisas no declaradas que permanecen fuera del sistema bancario. Sin embargo, la argumentación de la oposición relacionó el proyecto con el deterioro del mercado de trabajo y el tejido productivo. En su exposición, Mayans subrayó datos del escenario económico actual, como el cierre de 30.000 pymes y la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo, junto al impacto de elevadas tasas de interés y la inflación acumulada en dólares.
Por su parte, el oficialismo, representado por los senadores Bruno Olivera Lucero y Patricia Bullrich, defendió la ley sosteniendo que busca ofrecer seguridad jurídica para reincorporar al circuito formal unos 170.000 millones de dólares estimados fuera del sistema financiero, generando así liquidez y crédito. Frente a este argumento, la bancada opositora concluyó que la ley consolida un programa económico que perjudica a las provincias y debilita la capacidad reguladora del Estado.
