Glaciares: La pulseada ambiental llega al Congreso con denuncias de irregularidades y pedidos de consulta popular
El Congreso de la Nación se prepara para una semana de definiciones clave respecto a la normativa que protege los hielos continentales. En una entrevista concedida a Pablo Caruso, Luis Pajininger y Mariano Hamilton en el programa «QVLI» por AM 530, el diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, fustigó la celeridad con la que el oficialismo pretende modificar la Ley de Glaciares para permitir la actividad extractiva en zonas sensibles. Según el legislador, el Gobierno busca dictaminar este martes para convertir el proyecto en ley el miércoles, en lo que definió como «un procedimiento yo te diría acelerado absurdo a esta altura del partido y totalmente irregular».
La degradación de los pisos de protección ambiental
La reforma impulsada por La Libertad Avanza apunta a reducir los estándares de protección actuales, otorgando a las provincias la facultad de descatalogar glaciares de sus inventarios. Para Giuliano, exministro de Transporte y referente del Frente Renovador, esta maniobra no brinda seguridad jurídica, sino que genera el efecto contrario al vulnerar preceptos constitucionales. El diputado alertó que detrás de este apuro legislativo «hay una un interés muy potente de meter proyectos mineros en la zona de glaciares en la Argentina».
La crítica también se centró en la legitimidad de la participación ciudadana durante el proceso de debate. Giuliano calificó de «fantochada» la reciente audiencia pública, denunciando que, de los 106.000 inscriptos, apenas unos cientos pudieron expresar su opinión. Al respecto, el santafesino fue tajante: «me da vergüenza decirle audiencia pública eso eso fue una fantochada porque la audiencia es pública cuando está el público».
Un recurso federal: El agua dulce en la mira
Desde una perspectiva federal, la preocupación trasciende a las provincias cordilleranas. La afectación de los glaciares impacta directamente en las cuencas hídricas que alimentan a gran parte del territorio nacional, incluyendo la región del Litoral. Giuliano subrayó la interconectividad del sistema hidrológico, señalando que la contaminación en la fuente repercute en el curso de los ríos interjurisdiccionales, ya que «provincias como la Pampa que tiene 47 localidades que depende del río Atuel termina siendo un problema mucho mayor del ambiente».
Ante el avance de lo que considera un avasallamiento de los recursos naturales, más de 20 diputados respaldaron una iniciativa para que la decisión regrese a la ciudadanía. El proyecto propone una consulta popular vinculante para que la sociedad responda si está de acuerdo con la minería en zonas periglaciares. Para el diputado, abrir el debate es una necesidad democrática, especialmente cuando el Congreso se percibe cerrado a la demanda social: «es el momento de poder abrir las puertas las ventanas del Congreso y escuchar a la gente».
Negociaciones políticas y coyuntura económica
El escenario legislativo está marcado por la delicada situación financiera de las provincias y la negociación de partidas presupuestarias por parte del Ejecutivo nacional. En la entrevista con AM 530, se vinculó el apoyo de ciertos gobernadores a la reforma con el reciente adelanto de coparticipación y recursos para cajas jubilatorias. Giuliano advirtió sobre el peligro de canjear protección ambiental por alivio financiero transitorio: «están algunos negociando con el agua negociando con el agua dulce».
Finalmente, el legislador santafesino apeló a la responsabilidad de sus pares y de los mandatarios provinciales ante un tema que define como intergeneracional. El sistema hidrológico nacional funciona como un todo orgánico, y cualquier alteración en las nacientes de los ríos en Santa Cruz o Mendoza afecta la estabilidad ambiental de todo el país. Según Giuliano, no se puede priorizar la urgencia fiscal sobre el patrimonio natural, ya que «no se puede negociar justamente la protección del agua del agua dulce en función de una coyuntura por más millones que haya en juego».
