La Policía Federal argentina desalojó mediante el uso de la fuerza a cientos de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de altos estudios de la región metropolitana. Los manifestantes realizaban una sentada pacífica en el hall central del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación en el barrio porteño de Recoleta.
El conflicto se desencadenó un día después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, conducido por el juez Martín Cormick, hiciese lugar a un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Dicho fallo declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual la administración del presidente Javier Milei frenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de la falta de asignación presupuestaria por parte del Congreso.
Frente a la negativa del secretario de Educación, Carlos Torrendell, de recibir a las delegaciones universitarias, la dirigencia estudiantil decidió ingresar al edificio. En ese contexto, la presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) de la UBA, Valentina Bär Larralde, sentenció que «se nos acabó la paciencia y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos», al tiempo que remarcó que la comunidad universitaria ya agotó las instancias institucionales, legislativas y judiciales sin obtener respuestas ejecutivas.
Ahogamiento presupuestario y reclamos estructurales
La protesta visibilizó un deterioro severo en los recursos destinados a la educación superior pública. Según estudios elaborados por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el sistema universitario nacional registró en 2026 una asignación presupuestaria equivalente al 0,428 % del PBI, el piso más bajo contabilizado desde 1989.
En el marco de la jornada de protesta, dirigentes estudiantiles detallaron la amplitud de sus exigencias. Isabel González Puente, consejera directiva en la UBA, enfatizó en declaraciones periodísticas que «la ley se aprobó hace más de un año y la Justicia ya dictaminó que el incumplimiento del Gobierno es inconstitucional». La dirigencia estudiantil exige no solo la restitución global de la ley, sino la recomposición urgente de las becas Progresar por inflación, la implementación del boleto educativo, presupuesto para salud mental y partidas indispensables para comedores y residencias.
Disputa narrativa y judicialización de la protesta
La respuesta del Poder Ejecutivo consistió en intensificar la judicialización del conflicto social. El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado informando que denunciará penalmente a los participantes por «ocupación violenta del edificio» y daños a la propiedad pública. En su declaración oficial, la cartera gubernamental sostuvo que “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”, justificando la intervención de las fuerzas de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Sin embargo, el discurso oficial omite el desacato gubernamental frente a los fallos de la Justicia Federal. Esta contradicción institucional fue señalada por diversos sectores políticos; la diputada nacional Myriam Bregman cuestionó la posición del Gabinete al manifestar públicamente que «por medio de la ley jamás cumpliste», recordando que el Ejecutivo ignora los mandatos del Poder Legislativo y Judicial desde hace más de un año.
Escalada política y proyección territorial
El desalojo violento en el Palacio Pizzurno no constituye un hecho aislado, sino el inicio de una agenda de movilización nacional. El conflicto universitario converge con tensiones sociales en otros frentes, como la impugnación a las reformas de la Ley de Tierras y la derogación de normativas mediante decretos de necesidad y urgencia.
La comunidad universitaria ratificó la realización de la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La jornada coincidirá con una sesión especial convocada en el Congreso de la Nación para debatir la Ley de Emergencia en Discapacidad y la eventual derogación del DNU 70/2023, en lo que proyecta ser una articulación de amplia escala entre gremios, agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales.
