El debate sobre el acceso y la protección del derecho a la vivienda en España alcanzó un punto crítico tras confirmarse el fallecimiento de Maricarmen Ábalos, de 87 años, en un centro hospitalario de Madrid. La anciana había sido desalojada de su vivienda el pasado 23 de septiembre por orden judicial a instancias del fondo de inversión Urbagestión.
Según consignó el corresponsal Fausto Triana en una cobertura especial para la agencia Prensa Latina desde la capital española, el deterioro progresivo de la salud física y psicológica de la mujer a raíz del procedimiento policial terminó por desencadenar su deceso, hecho que convirtió su caso en un símbolo de las reivindicaciones habitacionales y provocó un fuerte impacto en el escenario político y social del país.
Antecedentes del caso: siete décadas en su hogar y el impacto del desahucio
Maricarmen Ábalos residió durante 70 años en el mismo apartamento madrileño, un inmueble cuyo contrato de alquiler había heredado de sus padres. Pese a las reiteradas resistencias comunitarias y al deterioro manifestado en su salud, el desalojo forzoso se ejecutó mediante intervención de la fuerza pública.
A partir de la concreción de la medida, diversas organizaciones sociales intensificaron sus protestas. La figura de Ábalos articuló la respuesta del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, espacio que promovió concentraciones y una acampada permanente en la emblemática Puerta del Sol de Madrid para visibilizar la vulnerabilidad de los inquilinos frente a los fondos de inversión.
Declaraciones y movilización: marcha y convocatoria a huelga general
Las organizaciones de inquilinos ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza en todo el territorio español. Alicia del Río, portavoz nacional del Sindicato de Inquilinas, expresó de manera categórica la postura del colectivo:
«Seguiremos movilizadas, por una vivienda digna y en memoria de Maricarmen. Iremos a la huelga general el 11 de noviembre, porque la sociedad española necesita de mejores políticos».
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, difundió un mensaje público de pesar por el fallecimiento de la anciana, mientras que integrantes de su gabinete remarcaron que los instrumentos legales impulsados por la administración central buscan evitar situaciones similares en sectores vulnerables.
Cruce de acusaciones y minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid
El suceso derivó en un inmediato enfrentamiento político entre los sectores conservadores y la izquierda. En el Ayuntamiento de Madrid, los bloques de Más Madrid y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) interrumpieron la sesión del pleno exhibiendo carteles alegóricos e impusieron un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Ábalos.
Ante esta acción, el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular), instó a las agrupaciones opositoras a «no instrumentalizar» la muerte de la anciana con fines electorales, en el marco de la incipiente campaña política nacional.
Respuesta gubernamental y trámite legislativo en la Diputación Permanente
La crisis habitacional se superpuso con la coyuntura electoral tras la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. En ese contexto, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos normativos sobre vivienda con el propósito de frenar las ejecuciones de desahucios.
Al encontrarse el Parlamento disuelto, la convalidación de las medidas quedó bajo la órbita de la Diputación Permanente, órgano sustituto parlamentario donde el oficialismo cuenta con una ajustada mayoría de 35 a 34 votos. Esta correlación le permite superar la oposición articulada por el Partido Popular (PP), la agrupación Vox y la formación catalana Junts per Catalunya.
Al defender la validez de los decretos gubernamentales, el presidente Pedro Sánchez sostuvo:
«Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y es lo que estamos haciendo. Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya un desahucio más».
En contraposición, voceros del Partido Popular y de la agrupación Vox calificaron el procedimiento legislativo a través de la Diputación Permanente como una «cacicada», señalando que el Ejecutivo utiliza resortes excepcionales para condicionar el debate público de cara a los comicios de noviembre.
