La disputa por la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 ingresó en una fase determinante. Tras el cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó por razones formales la presentación del Centro de Excombatientes de Malvinas (CESIM) de La Plata, la controversia se trasladó al amparo colectivo presentado por la organización ambientalista Árbol de Pie y comunidades originarias de Bariloche. En declaraciones brindadas al programa conducido por los periodistas Roberto Caballero y Gustavo Shireli en Somos Radio AM 530, la legisladora provincial de Río Negro y ex presidenta del INAI, Magdalena Odarda, confirmó que el Máximo Tribunal debió sortear conjueces para definir el expediente de fondo, al precisar que «nuestra causa quedó adjuntada o vinculada a la causa CESIM y siguió la suerte de todo el expediente hasta llegar a la Corte».
El vacío omisivo del fallo y la incorporación de conjueces
El desenlace del expediente CESIM generó perplejidad jurídica cuando la Corte evitó expedirse sobre el objeto sustancial de la norma y rechazó el planteo exclusivamente por falta de legitimación activa del colectivo de excombatientes. Sin embargo, el tribunal omitió pronunciarse sobre la causa de origen rionegrino que tramitaba adosada al mismo expediente en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Frente a esta laguna procesal, la querella interpuso un recurso de aclaratoria para forzar un posicionamiento institucional, según detalló Odarda al señalar que «la Corte solamente hace mención a la causa CESIM, olvida que hay otra causa vinculada y rechaza por una cuestión de forma».
Ante el requerimiento formal de los amparistas de Río Negro, el Máximo Tribunal se vio obligado a reabrir el análisis sustantivo, evidenciando profundas disidencias internas que impidieron alcanzar la mayoría de tres votos necesaria para dictar sentencia. Esta falta de consenso forzó un procedimiento de sorteo de conjueces federales, del cual resultaron designados los magistrados Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios —provenientes de la Cámara Federal de Mendoza— para integrar la vocalía decisoria. Respecto de este giro procesal, la ex funcionaria nacional enfatizó que «nos notifican de que se iba a integrar la Corte con dos jueces más para lograr una mayoría de tres por lo menos», lo que abre un escenario incierto sobre la validez constitucional del decreto presidencial.
Legitimación ambiental y tutelas reforzadas como eje del debate
A diferencia del precedente CESIM, el amparo promovido por la ONG Árbol de Pie, las comunidades mapuches Futa Anecón y Lasenche, y dirigentes de ATE introduce una matriz de derechos colectivos de rango constitucional e internacional. Los demandantes sostienen que la anulación de las restricciones a la venta de campos a capitales extranjeros afecta directamente la conservación de bienes naturales y los territorios comunitarios bajo tutela jurídica reforzada. En ese marco, Odarda argumentó durante la entrevista radial que «en este caso la legitimación de los amparistas de esta causa tienen relación con la defensa del ambiente y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas», estándar que cuenta con amplia doctrina previa en el Máximo Tribunal.
La estrategia de la querella busca que los conjueces convocados apliquen los criterios garantistas consolidados en materia de preservación ecológica y consulta previa e informada a las comunidades autóctonas. La flexibilización regulatoria pretendida por el Poder Ejecutivo Nacional colisiona con el principio de no regresividad ambiental y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Carta Magna. Al analizar el margen de acción de la nueva composición judicial, la legisladora remarcó que «hay mucha jurisprudencia de la misma Corte en base a aceptar una legitimación amplia y no restrictiva para defender ese bien tutelado jurídicamente como es el ambiente».
Extranjerización efectiva y soberanía territorial en la Patagonia
El debate normativo adquiere urgencia práctica ante el avance de transacciones inmobiliarias a gran escala en zonas estratégicas de la frontera rionegrina. La concentración de la propiedad rural en manos de Estados extranjeros y corporaciones transnacionales plantea serios interrogantes sobre la soberanía nacional y la gestión de cuencas hídricas indispensables. Odarda alertó sobre la dimensión territorial del problema en la provincia patagónica, al subrayar que «en Río Negro ya están comprando tierras estados extranjeros como el estado de Qatar o el estado de Emiratos Árabes que ya tienen aproximadamente 70,000 hectáreas en su poder».
Esta tendencia a la extranjerización encuentra un antecedente crítico en el enclave del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, donde persisten incumplimientos de fallos judiciales para garantizar el acceso público a las costas del espejo de agua. La falta de ejecución de las resoluciones de la justicia provincial grafica el riesgo de consolidar enclaves privados infranqueables en zonas sensibles de seguridad de fronteras. Al referirse a esta dilatada controversia patrimonial y política, la dirigenta rionegrina cuestionó la inacción institucional manifestando que son «30 años que no podemos ingresar, que es justicia colonizada también», en alusión a las trabas administrativas que imposibilitan el libre tránsito de los ciudadanos.
El escenario parlamentario y la movilización social
El curso de la definición judicial se cruza de forma inminente con la agenda del Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados evalúa el rechazo definitivo del DNU 70/2023. La eventual derogación legislativa del decreto anularía sus efectos retroactivos y restablecería la vigencia de los límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. De cara a la sesión especial y las protestas gremiales anunciadas para mediados de octubre, Odarda proyectó los tiempos políticos de la resolución al señalar que «creo que se puede llegar a expedir antes del día 15 de octubre donde está previsto la posibilidad de convocar a una sesión», marcando la simultaneidad de las acciones en el frente judicial y el legislativo.
En síntesis, la respuesta que emitan los conjueces integrados a la Corte Suprema sentará un precedente clave para el ordenamiento territorial del país. Si bien la conducción política nacional busca liberalizar el mercado de tierras para atraer inversiones de capital, la resistencia judicial articulada desde la Patagonia resalta las severas consecuencias sociales, ecológicas y de soberanía nacional que apareja la desregulación. Al evaluar las posibilidades de frenar el artículo 154 del DNU, Odarda concluyó con cautela que «se abre una puerta de esperanza respecto de salvar la Ley de Tierras que evidentemente a nosotros los rionegrinos nos toca muy de cerca», dejando en claro que la contención de la extranjerización dependerá tanto de los estrados judiciales como de la movilización ciudadana.
