La comunidad científica argentina se movilizó masivamente en el Obelisco y diversas ciudades del país para denunciar un escenario de asfixia presupuestaria que no registra antecedentes similares en las últimas décadas. Según la cronista Celeste del Bianco en su artículo para Página| 12, el presupuesto actual para Ciencia y Tecnología representa apenas el 0,14% del PBI, una cifra inferior al piso histórico de 2003 y la más baja desde 1972. Ante este panorama, la bióloga Bibiana Vilá advierte que en el modelo económico actual “no se necesita gente pensando”, lo que convierte a los investigadores en un obstáculo para la entrega de recursos naturales de forma primarizada.
El vaciamiento de organismos estratégicos y la pérdida de empleos
El ajuste no se limita a la degradación salarial, sino que se manifiesta en una eliminación sistemática de puestos de trabajo en áreas clave para el desarrollo nacional. De acuerdo con información relevada por teleSUR, el sistema científico pierde un promedio de siete a ocho empleos diarios desde diciembre de 2023, acumulando más de 6.400 bajas en total. Esta sangría afecta a instituciones fundamentales como la CNEA, el INTI y el INTA; sobre este punto, la becaria doctoral Antonella Santin sostiene que “el ataque a la ciencia es un ajuste estructural que busca concentrar ganancias y redistribuir miseria”, vinculando la producción de conocimiento directamente con la soberanía nacional.
Parálisis administrativa y el «limbo» de los recursos humanos
La gestión gubernamental ha generado una interrupción crítica en la carrera de cientos de profesionales mediante el incumplimiento de plazos administrativos y la no renovación de becas. El investigador Federico Lindenboim denuncia que el retraso en los resultados de concursos para la carrera científica está dejando a centenares de investigadores en la calle, señalando que el Gobierno los está “expulsando tres años del sistema científico” bajo la aparente creencia de que pueden seguir investigando sin ingresos. Este vaciamiento administrativo se complementa con una pérdida del poder adquisitivo salarial cercana al 50%, obligando a profesionales altamente calificados al pluriempleo o al éxodo.
El conflicto legal por el financiamiento universitario
El eje de las protestas se centra también en el reiterado incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, norma que el Ejecutivo se niega a aplicar a pesar de haber sido aprobada por el Congreso. Mientras el Ministerio de Capital Humano tilda las medidas de fuerza como “ilegítimas” a través de comunicados oficiales, el arco opositor y gremial denuncia una destrucción deliberada del sistema. En este sentido, el diputado Jorge Taiana subrayó durante la movilización que no se puede aceptar pasivamente que el Gobierno “se dedique a destruir el sistema llevándonos años para atrás”, especialmente cuando el conocimiento representa la mayor riqueza del siglo XXI.
