A doce meses del colapso de la criptomoneda $LIBRA, promovida públicamente por el presidente argentino, la investigación judicial no registró citaciones a indagatoria. Un informe del Congreso sostiene que se utilizó la investidura presidencial en una presunta estafa internacional.
Al cumplirse un año del desplome de la criptomoneda $LIBRA, impulsada públicamente por el presidente Javier Milei, la causa judicial continúa sin citaciones a indagatoria. Pese a las múltiples denuncias por presunta estafa internacional, el expediente no mostró avances sustanciales.
La investigación tramita en el Juzgado Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Aunque el mandatario figura entre los denunciados junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y empresarios vinculados al proyecto, ninguno fue convocado a declaración indagatoria, instancia que formaliza la imputación y habilita el ejercicio pleno de defensa.
El origen del caso y el impacto financiero
El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo al lanzamiento de $LIBRA. Según afirmó entonces, el token financiaría emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina.
Tras esa publicación, el precio del activo digital se disparó de manera abrupta. Sin embargo, pocas horas después se desplomó, generando pérdidas millonarias a miles de inversores que operaron confiando en el respaldo presidencial. Posteriormente, el jefe de Estado borró el mensaje y sostuvo que no estaba “interiorizado” en los detalles del proyecto.
Embargos y derivaciones internacionales
En enero de 2026, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones ordenó actualizar en 90 días los montos de los embargos dictados contra el empresario estadounidense Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli —señalado como nexo entre Davis y Milei— y Manuel Terrones Godoy. Las sumas habían sido fijadas inicialmente en alrededor de 37 millones de pesos.
La medida respondió a un planteo de la querella encabezada por el abogado y diputado nacional Juan Grabois, quien cuestionó la insuficiencia de los montos trabados. Además, la Justicia analiza aceptar como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que denunciaron pérdidas superiores a los dos millones de dólares.
En paralelo, se abrió una causa en Estados Unidos ante la jueza Jennifer Rochon, en el Distrito Sur de Nueva York. A fines de enero, el diario Clarín reveló la existencia de un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre Milei y Davis. Según esa publicación, el empresario ofrecía asesoramiento ad honorem en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino.
El informe del Congreso y las responsabilidades políticas
El Congreso argentino conformó una comisión investigadora para analizar el caso. En su informe final, concluyó que el Presidente “utilizó la investidura presidencial” y que su hermana “facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.
No obstante, ningún funcionario del Poder Ejecutivo se presentó ante la comisión. Mientras tanto, la causa $LIBRA Milei permanece sin el paso procesal clave de las indagatorias, a pesar del impacto económico y político que generó el episodio.
