El expresidente ultraderechista también tiene prohibido usar redes sociales, acercarse a embajadas y mantener contacto con otros investigados, incluido su hijo Eduardo.
En una decisión sin precedentes en la historia reciente de Brasil, la Corte Suprema ordenó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro sea sometido al uso obligatorio de una tobillera electrónica, en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. La medida fue dictada por el ministro Alexandre de Moraes, quien también le prohibió a Bolsonaro utilizar redes sociales, tener contacto con diplomáticos, acercarse a embajadas y comunicarse con otros investigados, entre ellos su propio hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, actualmente en Estados Unidos.
Bolsonaro ya está siendo trasladado hacia la sede de la Administración Penitenciaria de la Policía Federal en Brasilia.
Imágenes: G1 pic.twitter.com/SfFby2vXud
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) July 18, 2025
Durante un operativo ejecutado por la Policía Federal en la residencia del exmandatario en Brasilia, se incautaron 14.000 dólares en efectivo y otros 8.000 reales. La diligencia formó parte de una ofensiva más amplia, autorizada por Moraes con apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluyó también allanamientos a la sede del Partido Liberal (PL), fuerza política que respalda al exmandatario.
Medidas cautelares por riesgo de fuga
Las autoridades brasileñas justificaron las nuevas restricciones señalando que Bolsonaro representa un “riesgo concreto de fuga”, así como una amenaza a la continuidad del proceso judicial. Se lo investiga por coerción, obstrucción de la justicia y ataques a la soberanía nacional.
El expresidente fue trasladado a la sede de la Administración Penitenciaria de la Policía Federal, donde fue notificado formalmente de las restricciones y se le colocó la tobillera electrónica.
El operativo deriva de una investigación que apunta a Bolsonaro como el financiador de los ataques contra la soberanía nacional y la independencia de los poderes.
Esas acciones se materializaron con los aranceles de 50% anunciados por Trump contra Brasil.
Según el investigador,… pic.twitter.com/rl3jgqg1LA
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) July 18, 2025
Un juicio histórico
La causa por el intento de golpe de Estado ha entrado en su etapa final. El pasado 14 de julio, el fiscal general Paulo Gonet presentó los alegatos finales, solicitando la condena de Bolsonaro por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, asociación ilícita armada y daño a la propiedad federal. La pena podría superar los 40 años de prisión.
La acusación sostiene que Bolsonaro fue el artífice y beneficiario central del ataque a las instituciones, y que su campaña de descrédito contra el sistema electoral tras perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva fue clave para alentar la insurrección.
Presión internacional y respuesta del gobierno
En paralelo a las acciones judiciales, el entorno de Bolsonaro ha lanzado una campaña por la amnistía, intentando presentar los procesos como una persecución política. La estrategia cobró impulso tras el anuncio del expresidente Donald Trump, quien el 9 de julio impuso un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas, argumentando que el Supremo Tribunal Federal restringía la libertad de expresión en plataformas digitales estadounidenses.
El presidente Lula respondió con dureza. En un discurso pronunciado el jueves desde el Palacio de Planalto, calificó los intentos de interferencia como “chantaje inaceptable” y acusó a los aliados de Bolsonaro de ser “traidores a la patria”. “Contamos con un poder judicial independiente”, afirmó.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó el jueves a su predecesor, Jair Bolsonaro y al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump por los aranceles del 50 por ciento impuestos por Estados Unidos (EE.UU).https://t.co/45SReowgsE
— teleSUR TV (@teleSURtv) July 18, 2025
Próximos pasos
El juicio a Bolsonaro podría comenzar entre fines de agosto y principios de septiembre, y se perfila como uno de los más trascendentes en la historia democrática del país. Mientras tanto, el cerco judicial se estrecha, y el uso de la tobillera electrónica marca un nuevo punto de inflexión en el derrotero judicial del exmandatario, que alguna vez fue el líder más poderoso de Brasil y hoy enfrenta el abismo político y legal.
