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El coronavirus ya se coló en dos cárceles de El Salvador, uno de los sistemas penitenciarios más hacinados del mundo

El gobierno confirmó dos brotes de covid-19 en los penales de San Vicente y Quezaltepeque, dos de los más hacinados de El Salvador. Con las visitas prohibidas desde marzo, la hipótesis más robusta es que algún empleado asintomático introdujo el virus.


La Dirección General de Centros Penales (DGCP) de El Salvador confirmó que dos cárceles de El Salvador –las ubicadas en San Vicente y Quezaltepeque– registran sendos brotes de covid-19, que han afectado a al menos 36 privados de libertad y a un indeterminado número de empleados. El sistema penitenciario del país centroamericano es uno de los más hacinados del continente y del mundo: en la actualidad acoge a más de 37.000 reos en centros diseñados para un máximo de 21.000.

Mediante pruebas PCR, «han dado positivos 25 reos en el Centro Penitenciario San Vicente, y hay 11 privados de libertad diagnosticados en el penal de Quezaltepeque», confirmó el director de Centros Penales, Osiris Luna, en una conferencia de prensa celebrada la tarde del 25 de mayo.

Luna dijo que empleados contagiados pero «asintomáticos» de la DGCP fueron los portadores del virus dentro de las penitenciarías, y aseguró que ya se han tomado las medidas para tratar de controlar los brotes: «Estábamos preparados y en este momento ya tenemos controlada la situación».

El plan original, sin embargo, era evitar que el virus SARS-CoV-2 ingresara en las cárceles, por la vulnerabilidad y el hacinamiento de los privados de libertad en el sistema penitenciario salvadoreño.

Ubicada a 65 kilómetros al oriente de la capital, San Salvador, la cárcel de San Vicente es un recinto diseñado para 400 personas. En enero de 2019 albergaba a más de 1.200, por lo que estaba al 300 % de su capacidad. En este centro se han confirmado 25 casos.

La voz de alarma de lo que estaba ocurriendo en San Vicente, de hecho, la dio la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que emitió un comunicado en el que advertía de que «son prácticamente imposibles la separación física y el autoaislamiento en las condiciones en las que viven los privados de libertad, así como las recomendaciones de higiene y lavado de manos».

La prisión de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad, está a apenas 20 kilómetros al norte de la capital. Con una capacidad instalada de 480 personas, en enero de 2019 eran más de 1.900 los reos que acogía. Quezaltepeque es una de las seis prisiones que el Estado salvadoreño tiene reservadas exclusivamente para integrantes de maras o pandillas; en concreto, alberga a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las dos facciones del Barrio 18, la 18-Sureños y la 18-Revolucionarios.

Optimismo oficial

«En base a protocolos y al plan estructurado que teníamos, hemos podido contener la situación», dijo Osiris Luna.

La DGCP estableció una rigurosa cuarentena en los centros penales desde el 16 de marzo, cuando la epidemia en América Latina aún sonaba lejos. Entre otras medidas, se prohibieron las visitas desde ese día, no se han recibido a nuevos reos y el personal que trabaja hace turnos de 21 días –durmiendo en los penales– para aminorar el vaivén.

Todo se diseñó para que el virus no ingresara en las cárceles, conscientes del peligro que representaba en un sistema tan hacinado como el salvadoreño. Sin embargo, lo que se quería evitar ya ha ocurrido.

Los 36 privados de libertad de cuyo contagio se tiene certeza están siendo tratados dentro de los penales. «En cada centro penitenciario hay un área con catres, con colchonetas y con kits de higiene que está entregando el gobierno», dijo Luna. Personal especializado del Ministerio de Salud se ha involucrado para tratar de controlar estos brotes.

Ya antes habían brindado charlas y capacitaciones al personal médico que trabaja de planta para la DGCP. También los privados de libertad habían recibido información sobre la pandemia.

«Nos explicaron cómo era la situación para evitar esa enfermedad acá; nosotros no tenemos visitas pero como internos hemos tomado nuestras medidas, como tener el penal aseado; pero sí nos preocupa, porque es una enfermedad algo grave que está afectando afuera», comentó, unos días antes de que se confirmaran los primeros contagios, Carlos Geovanny Sánchez, un integrante de la pandilla 18-Revolucionarios preso en el Centro de Cumplimiento de Penas Ciudad Barrios.

Pese a que en El Salvador la inmensa mayoría de los privados de libertad son personas con edades muy alejadas de los grupos etarios más expuestos a complicaciones por el coronavirus, el hacinamiento y la precaria alimentación que reciben los convierte en un sector altamente vulnerable.

«La enfermedad mataría a muchos porque los internos, la mayoría, tienen muy bajas las defensas, porque lo único que ingieren es la alimentación que les brinda el sistema», respondió Juan José Montano, director de Ciudad Barrios, cuestionado sobre la posibilidad de una epidemia de covid-19.

El SARS-CoV-2 ya burló los protocolos de seguridad que había establecido la DGCP. Pero el discurso oficial aún le apuesta al optimismo. «De verdad que estamos tomando medidas que van a dar resultados satisfactorios», dijo Luna.

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