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Después del fuego: Apuntes para el mundo que se viene

Cuatro investigadores de CONICET analizaron el estado ambiental de los ecosistemas tras el paso de los incendios forestales y evaluaron las herramientas científicas, jurídicas y sociales con las que hoy se cuenta para el futuro inmediato.


El 2020 agotó la capacidad para las metáforas. Al día de hoy, al menos tres provincias –Salta, Jujuy y La Rioja- siguen con focos activos de incendios, y muchas otras vieron comprometidos sus ecosistemas más importantes tras varios meses literalmente prendidas fuego.

En total, casi 9 mil kilómetros cuadrados de vegetación nativa, hábitat de cientos de especies animales y patrimonio colectivo de las comunidades, se vieron afectadas en lo que va del año, y la profundidad de dichos daños aún es difícil de mensurar.

A contramano de la aparente quietud que implicó la cuarentena, según los reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95 por ciento de los incendios fueron intencionales y, en algunos casos, ya se cuenta con denuncias concretas por practicar la quema con fines de expansión inmobiliaria y agropecuaria.

Mapas satelitales de los incendios en las localidades cordobesas de Alpa Corral hasta Achiras (Izq.) y de Copacabana hasta Villa Albertina (Der.). Gentileza Instituto Gulich.

¿Qué escenarios se abren con esta crisis ambiental? Y, fundamentalmente, ¿cuáles son los caminos hacia la recuperación? Cuatro investigadores de CONICET dialogaron con la Agencia CTyS-UNLaM el impacto de esta problemática en sus territorios, y sobre los debates ambientales que se vienen.

Lo que el fuego se llevó

Juan Pablo Argañaraz es investigador de CONICET en el Instituto Gulich (CONAE-UNC), de la provincia de Córdoba. Estudia las variaciones en la ecología del fuego a partir de la simulación de distintos escenarios geofísicos, climáticos y meteorológicos. El objetivo es comprender qué regiones tienen más predisposición al incendio y utilizar esos parámetros como herramienta de gestión del fuego.

Córdoba fue una de las provincias más afectadas por las llamas, con 315.944 hectáreas incendiadas, una superficie equivalente a cinco veces la ciudad de Córdoba capital. “Sinceramente, lo de este año fue muy dramático: hemos tenido muchos incendios muy grandes, y eso deja una superficie alterada. Con la pérdida de vegetación, va a haber mucho arrastre de material y los animales ya no tendrán dónde comer y habitar”, explicó el investigador a la Agencia CTyS-UNLaM.

Los ecosistemas de monte serrano fueron los más afectados, dejando una situación comprometida para los suelos que quedaron con escasa cobertura vegetal, una mayor exposición a la erosión y una pérdida de su capacidad de retención hídrica para proveer a los cursos de agua durante la estación seca, lo que muchas veces compromete el abastecimiento de agua a la población a fines del invierno y comienzos de primavera.

Sobre la recuperación de estas grandes extensiones, Argañaraz planteó que todavía no se conoce la magnitud del daño y que, en ese sentido, es importante generar estrategias basadas en las características del lugar, aunque dichas medidas impliquen simplemente dejar que la propia naturaleza reaccione.

Mapas satelitales de los incendios en las regiones cordobesas de Punilla (Izq.) y Paravachasca (Der.). Gentileza Instituto Gulich.

“Hay muchos estudios que han probado que las plantas nativas tienen una alta capacidad de supervivencia. En general, entre un 70 y un 90 por ciento sobrevive, pero, dada la extensión del fuego, desconocemos si se podrá recomponer o si hacen falta otras medidas de recomposición”, precisó Argañaraz.

En consonancia, un equipo de investigadores del Centro Científico Tecnológico (CCT–CONICET-Córdoba) instó al gobierno provincial a adoptar medidas ecológicamente adecuadas, desde un enfoque transdisciplinario, y a disponer de los recursos de cartografía digital existentes para conocer el estado real de los escenarios afectados.

Hacia el noreste del país, en la provincia de Corrientes, el fuego arrasó con regiones de monte nativo y también de producción maderera. “En el área donde estábamos trabajando nosotros, quedó todo quemado. Ahora, lamentablemente, volvieron a subir las temperaturas, pero estamos asustados. Queda un 10 por ciento del parque en pie, pero está muy seco todo”, contó a la Agencia CTyS-UNLaM el investigador Martín Kowalewski, que trabaja con poblaciones de monos carayá en Parque Provincial San Cayetano.

El investigador, dedicado también al estudio de enfermedades zoonóticas en el cruce de ecosistemas silvestres y urbanos, detalló que el hábitat de muchas especies autóctonas se vio fragmentado y que una de las primeras tareas al contenerse los incendios es, precisamente, intentar generar puentes para la fauna sobreviviente.

Sin embargo, el primer paso es intentar dimensionar la magnitud del daño. “Hay ambientes que resta evaluar si se pueden recuperar y de qué manera: si no se quemaron las raíces y los bancos de semillas, es probable que se reestablezca, aunque obviamente dependemos de que llueva”, precisó Kowalewski.

En lo que respecta al litoral, el panorama es de una gravedad casi sin precedentes. Desde que comenzó el año hasta el día de hoy, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe se quemaron 306.529 hectáreas, un proceso agravado por las condiciones secas y cálidas del fenómeno atmosférico de la Niña y por la bajante histórica del Paraná.

“Ya no queda nada más por quemar”, sintetizó la investigadora del CONICET Natalia Morandeira, quien se dedica al estudio de los ecosistemas de humedales en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La investigadora sumó que, en ecosistemas previamente impactados por la sequía, el fuego vino a añadir un estrés adicional.“En el caso del Paraná, los incendios se propagaron más rápido y quemaron no solo la vegetación seca, sino también el suelo, el fondo seco de los cuerpos de agua, donde todo el carbono y el nitrógeno acumulado se vuelve a emitir a la atmósfera y contribuye así al cambio climático”.

Con estos parámetros, los pronósticos futuros son algo reservados. De hecho, no solo hacen falta disponer de recursos para monitorear y evitar nuevas quemas, sino proteger los espacios alcanzados por el fuego para que comiencen el proceso de regeneración.

Según estudios realizados por investigadoras de la UNSAM después de los incendios del 2008 en el Delta, se estima que estos suelos tardan algo más de una década en recomponerse si no se los somete a nuevas alteraciones.

“En esta zona de humedales –agregó Morandeira- los suelos son producto de muchos procesos de acumulación de sedimentos, reiteradas inundaciones, acumulación de raíces y demás, por lo que necesitarán mucho tiempo para recuperar la capacidad de almacenar carbono”. Sin embargo, en Entre Ríos, ya hay denuncias de preparación de terrenos dañados para agricultura, rociando nuevamente la tierra con plaguicidas.

Agenda política y ambiental, senderos que se bifurcan

Con el correr de los meses, las comunidades locales dieron con potenciales responsables de muchas de las quemas, algunas registradas en tierras donde más de una vez se detectaron las columnas de humo. No obstante, y con toda una batería de legislación mediante, la letra fría de la ley no llega siempre a traducirse en buenas prácticas.

“Tenemos normas ambientales vigentes muy completas: hay dos leyes de presupuestos mínimos, una sobre quemas y otra sobre manejo de fuego, pero en la práctica fueron bastante desfinanciadas. Son leyes que existen pero que no tienen la efectividad deseada como para que hoy no estemos siendo arrasados por el fuego”, reflexionó, por su parte, la abogada e investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Valeria Berros.

En primer lugar, la investigadora e integrante de la organización de Derecho Ambiental Capibara identificó un accionar desarticulado entre los distintos niveles de gestión gubernamental y una dificultad para jerarquizar la causa ambiental dentro de estos poderes, a partir de políticas de protección de la biodiversidad, desarrollo sustentable y fallos que sienten jurisprudencia en la materia.

“La labor de identificar quienes fueron los responsables de iniciar estos incendios es importante, por un lado, para que se hagan cargo de esa recomposición, al margen del debate de cómo debería llevarse a cabo y, por otro, porque es necesario que haya algunos antecedentes en ese sentido”, precisó.

Este año, el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se presentó como querellante en las investigaciones por incendios, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que, en algunos casos, se formen mesas de emergencia para, entre las jurisdicciones involucradas para investigar, dar curso a las denuncias y sancionar las quemas ilegales.

Sin embargo, en lo que respecta a gestión de los recursos, los investigadores señalan una suerte de distancia que imposibilita vincular los problemas sociales, económicos y ambientales con las formas en las que se enfoca el modelo de desarrollo.

En palabras de Kowalewski, basta con observar el ejemplo de la pandemia: “Cuando comenzó la cuarentena, se hablaba sobre su posible origen zoonótico, pero, a los 15 días, se establecieron como esenciales distintas actividades extractivas directamente vinculadas con estos escenarios de intercambio de enfermedades, tanto a nivel nacional como regional”

Ante la duda, primero la naturaleza

Pese a las dificultades, Berros destacó que las causas ambientales no solo están teniendo cada vez más resonancia en las comunidades, sino que la misma naturaleza de esta rama del derecho fue cambiando su comprensión del entorno natural en los últimos tiempos.

“Si uno hila un poco más fino –explicó- se ven perspectivas nuevas en el derecho ambiental que están circulando en América Latina desde hace tiempo, como el ‘giro ecocéntrico’, que busca corrernos de la mirada antropocéntrica y de mirar al ambiente ya no como algo que tenemos que proteger solo porque nos rodea, sino como algo de lo que somos parte”.

Así, algunos proyectos de Ley en Argentina, como los de humedales que actualmente se están discutiendo, ya empiezan a ponderar estos ecosistemas por su “valor intrínseco” y no cómo espacios que deben protegerse solo por los servicios ecosistémicos que prestan. Es decir, que se rescata su valor per se.

Dentro de este “giro”, que vuelve un poco más compleja la mirada sobre el entorno, también se contemplan otros saberes no estrictamente científicos a la hora de construir aquello que se protege.

“Tenemos ahí una cuestión trascendental: alguien va a definir qué es un humedal, y el que lo define es el discurso científico, pero se está empezando a pensar en cuáles otras voces es necesario traer para pensar qué es un humedal, porque los saberes no solo circulan por los que producen conocimiento”, reflexionó la investigadora.

Berros reconoce otra herramienta relativamente nueva del Derecho ambiental que es el principio In Dubio Pro Natura que, en una traducción directa indica que, ante la duda, debemos tomar la decisión que más beneficia a la naturaleza, sorteando la incerteza básica de los saberes en pos del cuidado del medio ambiente.

De cara al futuro

En la práctica, de vuelta al calor del fuego, esta serie de transformaciones en el derecho trae herramientas para pensar colectivamente la convivencia con todo lo vivo, y para no confinar las prácticas de cuidado sólo a las áreas protegidas. Es decir, que cuidado, usos y desarrollos no impliquen necesariamente territorios –y actores- separados.

Todos los investigadores coinciden en que la diferencia más significativa con incendios anteriores es que la cuestión ambiental está mucho más en la agenda social que antes. “La sociedad está más organizada, hay más exigencia a los gobiernos, hay más información”, adelantó Morandeira, pero enfatizó que el desafío está en poder abordar las problemáticas ambientales “desde su complejidad”.

En ese sentido, apuntó a dejar de lado la dicotomía “conservacionistas vs. productivistas” para, en su lugar, “buscar una convergencia entre esas visiones y discutir qué modelos de desarrollo queremos, qué impactos aceptamos en el ordenamiento territorial de los esquemas naturales”. Al respecto, Argañaraz subrayó la necesidad de reforzar la educación ambiental y la construcción de nuevas prácticas de manejo del suelo entre el Estado y los productores.

De alguna manera, esas miradas, que ya comienzan a plasmarse en el Derecho ambiental, invitan a considerar que las decisiones sobre suelos privados tienen impacto en el patrimonio público, y que se deben articular las regulaciones existentes para poder prevenir esos malos usos del territorio.

Kowalewski lo resumió, en parte, de esta manera: “Cuando vos conservas ambientes naturales, estás trabajando para el futuro. Hoy por hoy, a la altura de destrucción que hemos alcanzado, el cambio no puede ser individual, tiene que ser colectivo”.

Fuente: Agencia CTyS

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