La asfixia presupuestaria en la atención de los adultos mayores
La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APAMIA) inició este lunes una retención de tareas que se extenderá por 72 horas, garantizando únicamente la atención de urgencias. En una entrevista concedida al programa Que vuelvan las ideas por Somos Radio AM 530, la secretaria de prensa de la entidad, Liliana Larrañaga, detalló que la medida responde a la publicación de la Resolución 117, la cual modifica unilateralmente el sistema de facturación de los médicos de cabecera. Larrañaga explicó que, a raíz de esta normativa, «el Consejo Directivo de Apamia decidió hacer un paro por 72 horas» como respuesta directa al ajuste impuesto por la gestión nacional.
Resolución 117: un cambio de paradigma hacia el ajuste
Hasta la semana pasada, los profesionales operaban bajo un sistema mixto que incluía el cobro por cápita y la facturación de consultas de primera vez, lo que permitía un ingreso acorde a la especialización requerida. Sin embargo, el nuevo esquema elimina la retribución por consultas específicas, dejando como único haber un valor fijo por afiliado significativamente menor. Según denunció la referente gremial en la entrevista, con la nueva disposición «el médico pasa a cobrar solamente por cápita con un valor cápita de 2,100 pesos», una cifra que dista abismalmente de los costos operativos actuales.
Este giro administrativo impacta directamente en la sostenibilidad de los consultorios privados donde atienden estos profesionales. Larrañaga puntualizó que la reducción de ingresos real es del 52,5%, lo que obliga a muchos médicos a replantearse su continuidad en el programa. La doctora advirtió que ante este escenario «prácticamente casi a la mitad se le reduce el ingreso», lo que genera una situación crítica ya que los profesionales deben costear alquileres, expensas y salarios de secretarias de su propio bolsillo.
La formación especializada frente a la lógica de costos
El conflicto no solo es económico, sino que pone en jaque la calidad de la atención de una población vulnerable que requiere formación específica en gerontología y geriatría. A pesar de la alta exigencia académica, la nueva gestión parece priorizar la reducción de costos sobre el valor del acto médico. Al respecto, Larrañaga subrayó que la atención de jubilados requiere una dedicación que excede los marcos temporales rígidos: «es una cardiología especializada en personas de edad mayor», lo que implica un abordaje complejo que el nuevo sistema de pago único no contempla.
Las negociaciones previas a la resolución habían mostrado una predisposición diferente por parte de las gerencias técnicas, que luego fue desestimada por las autoridades políticas del organismo. Desde el gremio habían propuesto un valor de cápita de 6.500 pesos para garantizar el servicio, una cifra que fue ignorada en la resolución final. Larrañaga expresó su asombro ante la falta de diálogo: «nunca pensamos que de 6,500 iba a bajar a 2,100», señalando la arbitrariedad de la medida que se tomó sin argumentos técnicos sólidos.
Implicancias sociales y territoriales del desfinanciamiento
El impacto de esta medida se siente con especial fuerza en el interior del país, donde el médico de PAMI suele ser el principal referente de salud para la comunidad. Larrañaga destacó que esta crisis ha provocado un fenómeno de «afiliación masiva» de profesionales que antes no tenían conciencia gremial, especialmente en las provincias. Para la representante de APAMIA, la política actual refleja una postura ideológica de desamparo hacia el sector pasivo: «no hay consideración ni por el jubilado», sentenció, definiendo a los adultos mayores como un grupo que no parece interesar a la actual administración.
Finalmente, el paro pone de manifiesto la contradicción entre el rol esencial que jugaron estos médicos durante la pandemia y el maltrato institucional que reciben en el presente. Sin una respuesta oficial que revise los valores de la Resolución 117, el riesgo de una renuncia masiva de los 6.000 a 8.000 médicos de cabecera de todo el país es inminente. Como concluyó Larrañaga en su diálogo con Somos Radio, esta es «una de las peores» versiones de la historia del PAMI en términos de gestión y respeto por el profesional de la salud.
