La abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni analiza el proyecto de reforma del Código Penal impulsado por la ministra Patricia Bullrich. Advierte que la iniciativa elimina la progresividad de las penas, avala la violencia institucional y promueve la demagogia punitiva.
La propuesta de reforma del Código Penal impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúa generando fuertes críticas desde distintos sectores del derecho y los derechos humanos. Entre las voces más contundentes se encuentra la de Claudia Cesaroni, abogada y magíster en criminología, quien analizó el proyecto en profundidad y alertó sobre sus consecuencias. La especialista expuso su postura en una entrevista publicada originalmente en [indicar medio si lo deseas], donde sostuvo que la iniciativa es “demagogia punitiva que no resolverá los problemas de inseguridad”.
Un proyecto que apunta a endurecer penas sin resultados comprobados
Cesaroni remarcó que el gobierno justifica la reforma comparando a la Argentina con países que, supuestamente, resolvieron la inseguridad mediante el endurecimiento de castigos. Sin embargo, explicó que esa comparación no solo es engañosa, sino falsa.
Además, recordó que “Argentina ya tiene una tasa de prisionización más alta que algunos de los países citados como ejemplo”. Por esa razón, sostuvo que seguir aumentando penas no cambiará la situación actual. En cambio, profundizaría un modelo que ya viene mostrando límites estructurales.
La abogada subrayó que la iniciativa parte de una lógica meramente reactiva. En lugar de abordar las causas de fondo de la violencia social, propone castigar más y con mayor dureza, algo que “puede sonar atractivo en contextos de miedo”, pero no genera soluciones de largo plazo.
La eliminación de la progresividad penal: un retroceso inédito
Uno de los puntos más polémicos de la “Doctrina Bullrich” es el intento de eliminar la progresividad del cumplimiento de las penas. Según Cesaroni, esta modificación dinamita el sistema de ejecución penal argentino, que históricamente incorporó instancias de estudio, trabajo, acceso educativo y libertad condicional.
La especialista explicó que estas herramientas no son beneficios arbitrarios. Por el contrario, son mecanismos reconocidos internacionalmente para evitar que las cárceles se conviertan en depósitos humanos sin salida. Quitar esos elementos, advirtió, implica “romper con el principio de humanidad de las penas” y cerrar cualquier camino hacia la reinserción social.
Legítima defensa y policía: “Legalizar la venganza privada”
Otro aspecto que encendió alarmas en organizaciones de derechos humanos es la redefinición de la legítima defensa. La reforma, según Cesaroni, habilita a que fuerzas de seguridad actúen sin parámetros básicos de proporcionalidad, lo que en la práctica significaría un aval jurídico al gatillo fácil.
En sus palabras, se trata de una “legalización de la venganza privada”, que desdibuja la línea entre protección ciudadana y actuación represiva desmedida. De aprobarse, la medida podría generar un incremento de muertes en manos del Estado y consolidar un clima de violencia institucional.
Perpetua literal: castigos sin horizonte y sin derecho a la esperanza
La reforma también impulsa la cadena perpetua literal para homicidios agravados. Esto elimina por completo la posibilidad de acceder a reducciones o revisiones de pena. Para Cesaroni, esta propuesta es extremadamente regresiva, porque “impone castigos preventivos y niega un derecho humano básico: el derecho a la esperanza”.
Añadió que la pena sin fin no solo es incompatible con estándares internacionales, sino que busca transmitir la idea de que la eliminación de derechos resolverá la inseguridad. “La historia demuestra exactamente lo contrario”, puntualizó.
Un debate que trasciende coyunturas
Cesaroni concluyó que la “Doctrina Bullrich” debe ser discutida de manera seria y federal, contemplando las realidades de todas las regiones del país. En su visión, ninguna reforma penal puede construirse desde el punitivismo ni desde la centralidad porteña, porque esos enfoques suelen profundizar las desigualdades territoriales y sociales.
