En un operativo de alta tensión registrado durante la noche del viernes, el destituido expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado desde su residencia privada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción hacia la sede del Regimiento Escolta Presidencial (REP). La disposición oficial de recluirlo en esta unidad militar autónoma —ubicada en la intersección de las avenidas General Santos y Mariscal López— respondió formalmente a la necesidad de resguardar la integridad física del exmandatario a la espera de su declaración indagatoria ante la Justicia.
Sin embargo, el despliegue del cordón de seguridad de la Policía Nacional no evitó que la evacuación derivara en violentos disturbios protagonizados por manifestantes y ahorristas perjudicados, quienes rechazaron el trato preferencial y exigían que el exjefe de Estado cumpliera su detención en una cárcel común. Ante el incremento de la tensión social y el lanzamiento de objetos contra la comitiva oficial, las fuerzas policiales hicieron uso de balas de goma para dispersar a la multitud.
Juicio político, pérdida de fueros y el trasfondo de Ueno Bank
La detención de Peña se concretó pocas horas después de que el Senado de la República aprobara por unanimidad su destitución bajo el cargo constitucional de «mal desempeño de sus funciones». Durante el debate en la Cámara Alta, el senador Rubén Velázquez formuló la acusación principal al señalar que el exjefe de Estado mantenía vínculos irregulares con Ueno Bank —entidad de la que fue accionista— y que habría utilizado fondos públicos para su beneficio personal.
Pese a que Peña intentó dimitir formalmente antes del pronunciamiento del plenario, el Congreso decidió continuar el juzgamiento institucional para impedir que el exmandatario accediera a la investidura de senador vitalicio. Con la resolución parlamentaria consumada, el Ministerio Público libró de inmediato la orden de aprehensión ejecutada en su domicilio, dejando al descubierto la profunda vulnerabilidad institucional de un modelo de gestión salpicado por la especulación financiera.
Juramento de Pedro Alliana y plan de contingencia bancaria
Tras la remoción del mandatario, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana prestó juramento e asumió de inmediato la conducción del Poder Ejecutivo. En su primer mensaje dirigido a la nación con la banda presidencial, Alliana intentó aplacar el descontento popular expresando formalmente: «A los ciudadanos que son víctimas de este descalabro financiero serán compensados plenamente. Ordeno que se tomen las medidas necesarias para que se compense a los más desprotegidos».
En el plano económico, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició la ejecución de pagos de anticipos de garantía mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). José Maciel, director de la Unidad Administradora del FGD del BCP, confirmó que el plan busca mitigar el impacto financiero sobre cerca de tres millones de clientes cuyos activos quedaron congelados tras la intervención de Ueno Bank.

