El cerco judicial sobre la vocería: inconsistencias y sospechas de asociación ilícita
En una entrevista concedida al programa Bonavitta 530 de la emisora Somos Radio AM 530, el abogado Gregorio Dalbón brindó detalles sobre la denuncia penal que impulsa contra el vocero presidencial, Manuel Adorni. Según el letrado, el funcionario enfrenta un escenario complejo debido a la imposibilidad de justificar sus recientes adquisiciones patrimoniales a través de sus declaraciones juradas, en un contexto donde el discurso oficial de austeridad choca con la realidad de sus finanzas personales. Dalbón fue tajante al afirmar que “no hay posibilidades de hacer ningún tipo de compra con la declaración jurada de Adorni”.
La acusación no se limita únicamente a la evolución patrimonial del vocero, sino que se extiende a una presunta red de influencias y nepotismo dentro de la administración pública. El abogado denunciante señaló la existencia de lo que denominó una «pyme» familiar, haciendo referencia a los parientes de Adorni que han sido designados en diversas áreas del Estado, incluyendo el Correo Argentino. Para Dalbón, esta conducta refleja una desconexión total con la situación social del país, asegurando que el funcionario “es un delincuente que está de espaldas a la sociedad, de espaldas al pueblo y de frente a Milei”.
Malversación de caudales y el uso del Estado como bien privado
Uno de los puntos más críticos de la exposición de Dalbón radica en el uso indebido de bienes del Estado, específicamente en lo que respecta al avión presidencial Tango 01. El abogado advirtió que la presencia de la esposa de Adorni en vuelos oficiales constituye un delito de malversación de caudales públicos, dado que ella no reviste el carácter de funcionaria. En este sentido, subrayó que haber subido a su mujer al avión presidencial “es malversación de caudales públicos y es el uso indebido de bienes del Estado cuando no es funcionario público la mujer”.
Asimismo, la denuncia alcanza a figuras clave del entorno administrativo de la Casa Rosada, como la escribana de Adorni, cuyas prolongadas visitas a la sede de gobierno han despertado sospechas judiciales. Dalbón sugirió que la profesional podría ser considerada “partícipe necesario de una asociación ilícita”, sugiriendo que su rol fue fundamental para legalizar actos que hoy están bajo la lupa de la justicia. Según el análisis del abogado, la impunidad con la que se manejan ciertos sectores del gobierno podría verse interrumpida por la acción de los tribunales de Comodoro Py.
Perspectiva política: ¿El fin de la «moralidad» libertaria?
La crítica de Dalbón también se dirigió hacia la cúpula del Poder Ejecutivo, cuestionando la solidez del denominado «triángulo de hierro» conformado por Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. El letrado calificó esta estructura como un “triángulo de paja que no es de hierro y que evidentemente está prendido fuego”, vinculando la situación de Adorni con otros escándalos de corrupción que afectan a la actual gestión. Para el abogado, el gobierno ha caído en las mismas prácticas que anteriormente cuestionaba desde el llano.
Finalmente, Dalbón trazó un paralelismo histórico con figuras de los años 90, vaticinando un futuro judicial sombrío para el actual vocero presidencial. Comparó la trayectoria de Adorni con la de exfuncionarios condenados, asegurando que “Adorni va a terminar como María Julia Alsogaray, caminando todos los juzgados de Comodoro Py y finalmente preso”. De esta manera, la denuncia penal se presenta no solo como un expediente judicial, sino como un síntoma de las tensiones internas y las contradicciones éticas de un gobierno que prometió combatir a la «casta».
