El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una batería de decretos que consolidan la reestructuración del Ministerio de Capital Humano. Las normas llevan la firma del presidente Javier Milei y de la ministra Sandra Pettovello.
A través de los Decretos 1381/2026 a 1388/2026, la Casa Rosada rechazó los recursos jerárquicos interpuestos por empleados de la planta permanente. Dichos agentes habían impugnado sus pases a disponibilidad dispuestos en 2025.
Con esta determinación oficial, el Estado nacional declaró formalmente agotada la vía administrativa. En consecuencia, queda abierta la instancia judicial por un plazo de 180 días hábiles para los trabajadores desvinculados.
El repliegue del Estado y el vaciamiento de la asistencia social en las provincias
El rechazo de los reclamos confirmó la supresión de las estructuras territoriales del antiguo Ministerio de Desarrollo Social. La Resolución SNNAyF N° 147/2025 había derogado el funcionamiento de los Centros de Referencia (CDR) en el interior del país.
Dichas delegaciones provinciales operaban como el principal nexo institucional para la tramitación de asistencias directas y programas sociales. Su disolución ratifica el repliegue definitivo de la atención presencial del gobierno central en las jurisdicciones federales.
El recorte también alcanzó a unidades operativas clave ante situaciones de crisis. Entre ellas se cuentan la disolución de la Dirección de Emergencias, la Coordinación de Logística para Ayudas Urgentes y el programa «Participar en Comunidad».
Aplicación de la Ley 25.164 y controversia por el cómputo de la antigüedad
La fundamentación legal del Gobierno se basó en el artículo 11 del Anexo de la Ley Marco de Empleo Público N° 25.164. Dicha cláusula autoriza el pase a disponibilidad por hasta doce meses ante la supresión de órganos o reducción de dotación.
Los agentes afectados pertenecen al Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Pese a contar con la estabilidad constitucional, sus apelaciones alegando nulidad y desvío de poder fueron desestimadas por el Ejecutivo.
Un aspecto crítico resolutivo radicó en la liquidación de las indemnizaciones por disponibilidad. La administración central determinó que no corresponde computar los años trabajados bajo contratos del artículo 9°, reconociendo únicamente el tiempo revistado en planta permanente.

