Judicial

Solicitan 25 años de prisión para el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso

Además, pidieron penas de entre 2 y 18 años de prisión para los demás involucrados. El ex magistrado está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a beneficiar personas imputadas en investigaciones por narcotráfico, a cambio de dinero o dádivas.


Los responsables de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, Carlos Martín Amad y Francisco Snopek, solicitaron una condena de 25 años de prisión para el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, como líder de una asociación ilícita dedicada a beneficiar a distintos imputados en investigaciones por narcotráfico, a cambio de dinero o dádivas, al menos desde el año 2010 y hasta que fue suspendido en su cargo, en diciembre de 2015.

Asimismo, para los restantes abogados miembros integrantes de la asociación criminal requirieron condenas de 20 años de prisión para María Elena Esper, 18 años para Arsenio Eladio Gaona –cuñado de Reynoso- y René Alberto Gómez –ex Procurador General Provincial, Juez, Secretario de Gobierno y Jefe de Policía de la Provincia de Salta- y 14 años para Ramón Antonio Valor y Miguel Ángel Saavedra –prosecretario del Juzgado-. Por otro lado solicitaron, penas de 2 años de prisión para el ex empleado judicial César Julio Aparicio y su hermana Rosalía Candelaría Aparicio, quien no pertenecía a la organización y ofició de “prestanombre” de la finca “El Mollinedo”, la que fuera entregada como pago por el sobreseimiento de Pablo Raúl Vera, quien era investigado por narcotráfico. También, en relación a todos ellos se pidieron multas e inhabilitaciones especiales perpetuas para el desempeño de la profesión de abogados y para ocupar cargos públicos, más las accesorias legales y costas, así como el decomiso de los bienes que fueron ofrecidos como dádivas.

En su alegato, efectuado ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta que lleva adelante el debate oral y público, los representantes del Ministerio Público imputaron a Reynoso como autor de nueve hechos de concusión, en concurso ideal con seis hechos de prevaricato en relación a varios expedientes que tramitaban ante el juzgado a su cargo. Asimismo, solicitaron la imposición de una multa de $20.000.000, su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, su inhabilitación absoluta, accesorias legales y costas.

En tal sentido, los fiscales generales consideraron que el hecho representaba una gravedad institucional inusitada. Asimismo, valoraron como agravantes el poder omnímodo que detentaba Reynoso como único juez federal con jurisdicción en la frontera de la Provincia de Salta con el Estado Plurinacional de Bolivia, el descrédito social que su accionar generó contra el ejercicio de la magistratura y que, mediante sus conductas ilícitas, garantizó la impunidad de líderes de importantes grupos narcocriminales que al día de hoy siguen impunes como Jose Luis Sejas Rosales y Jose Miguel Farfán, quien continua prófugo y sobre el que pesa un pedido de captura nacional e internacional.

También señalaron que el ex magistrado junto a otros miembros de esa organización criminal aún deben responder en tres causas diferentes en las que se investigan faltantes de droga en el Juzgado Federal de Orán, casos de cohechos y falsificaciones materiales e ideológicas de instrumentos públicos, entre otros delitos, las cuales tramitan ante el Juzgado Federal N°1 de Salta, a cargo del Dr. Julio Leonardo Bavio, con la intervención del titular de la Fiscalía Federal N°2 de dicha jurisdicción, Eduardo Villalba, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Asimismo, en su alegato, los fiscales generales Amad y Snopek repasaron varios tramos de los testimonios más relevantes, que daban cuenta de las circunstancias en las que las dádivas eran pagadas y la actuación de abogados intermediarios. También se puntualizó sobre el relato de los empleados del Juzgado Federal de Orán, quienes refirieron que Reynoso los obligaba a redactar resoluciones carentes de sentido, que beneficiaban a importantes narcotraficantes que eran desincriminados mediante sorpresivos cambios de calificación o a través de excarcelaciones de oficio, para lo cual conminaba a los empleados a omitir pruebas de cargo fundamentales. Frente a los reclamos del personal, el ex magistrado respondía: “haga bien, haga mal, pero resuelva de esa forma” o “cuando Ud. sea el juez podrá resolver como usted quiera”.

Los testimonios brindados por los empleados del Juzgado fueron claves. Durante el debate, algunos de ellos, entre lágrimas, recordaron el proceder del magistrado y el daño psicológico que sufrieron; otros sostuvieron haber sido perseguidos, sumariados, sancionados o directamente amenazados en su lugar de trabajo por el acusado. Las declaraciones fueron contundentes al señalar el temor reverencial que el juez les infundía, al tiempo que detallaron que algunos abogados recibían un trato diferencial y tenían privilegios por sobre otros letrados. También coincidieron en el modo ilegal en que se otorgaban las libertades y beneficios procesales en grandes causas sobre narcotráfico. En tal sentido, puntualizaron que “las libertades estaban tarifadas. La gente venía a mesa de entrada y preguntaba cuanto valía su libertad”.

El debate oral continuará el próximo 4 de febrero de 2019, ocasión en la que alegarán las defensas de los imputados.

Fuente: Fiscales

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