Crónica de una remodelación bajo sospecha judicial
La situación patrimonial del vocero presidencial Manuel Adorni ha quedado en el centro del debate público tras una revelación de Página|12, que detalla una investigación liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La pesquisa se centra en las costosas refacciones realizadas en una propiedad del funcionario en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde la documentación judicial expone «el listado completo de gastos, entregas de dinero y trabajos realizados» por un monto que parece no tener correlación con su capacidad de ahorro declarada.
Una inversión que duplica el valor del inmueble
De acuerdo con la información publicada, Adorni adquirió la vivienda por USD 120.000, pero destinó USD 245.929 exclusivamente a su remodelación, una cifra que, según la fuente periodística, «no se condicen con el sueldo y los ingresos del ‘deslomado’ funcionario libertario». El contratista de la obra, Matías Tabar, declaró ante la Justicia que el proyecto inicial era de USD 95.000, pero la ambición de la reforma creció exponencialmente, mientras que en paralelo el funcionario «alquilaba otra vivienda en el mismo country mientras se realizaban las refacciones», lo que suma una presión adicional sobre sus gastos mensuales.
El detalle de los «gustitos» y la informalidad de los pagos
El presupuesto final incluyó excentricidades poco habituales para un funcionario que percibe un salario de 7 millones de pesos, tales como una cascada de USD 3.500 y una bomba de calor para pileta de USD 9.780. El contratista Tabar explicó en su testimonio que «la dinámica de la obra cambió a medida que avanzaban los trabajos», transformando una mejora edilicia en un proyecto de lujo que incluyó parquización, una parrilla de más de 7 mil dólares y carpintería de alta gama. Sin embargo, el punto que más compromete la transparencia del vocero es que, según el testigo, «todos los desembolsos se realizaron en efectivo, en dólares y sin emisión de recibos ni facturación formal».
Implicancias y movimientos bajo sospecha
La investigación judicial no solo analiza el origen de los fondos, sino también la conducta del funcionario antes de que el caso tomara estado público. Se reveló que «Adorni intentó comunicarse con el constructor Tabar» previo a su declaración testimonial, un movimiento que podría interpretarse como un intento de influir en el relato del contratista. Social y políticamente, este caso genera una grieta profunda entre el discurso de austeridad estatal que promueve el gobierno y la realidad privada de sus cuadros jerárquicos, quienes parecen habitar un ecosistema de «entregas de USD 35.000 en noviembre de 2024, USD 20.000 en diciembre» y otros montos en moneda extranjera que resultan inalcanzables para la mayoría de la población.
