La normativa, con la firma del presidente Javier Milei, reduce de 21 a 18 años uno de los requisitos para acceder a esa condición.
El Gobierno modificó este martes la ley nacional 20.429 de armas y explosivos y bajó a 18 años la edad mínima para ser legítimo usuario de armas.
La decisión se dio a conocer a través del Decreto 1081/2024 , publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El Gobierno argumentó que el Código Civil y Comercial de la Nación -aprobado en 2014- establece la mayoría de edad a partir de los 18 y que, cuando se dictaron las condiciones para poseer armas, era de 21.
Por ello, en los considerandos de la norma se consideró que “corresponde modificar el artículo 55 de la Reglamentación de la Ley 20.429 aprobada por el Decreto 395/75 y sus modificatorios, a efectos de armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los 18 años″.
Por otra parte, siguen vigentes los otros dos requisitos incluidos en la reglamentación original:
-“no presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de armas de fuego” o en tal caso “cuando existieren razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado médico”.
– “ acreditar ante la dependencia policial con jurisdicción en el domicilio del interesado, identidad, domicilio real y medios de vida lícitos ”.
Cómo queda la ley de tenencia de armas, con los cambios
Tras la baja de la edad mínima a los 18 años, los requisitos dispuestos por el artículo 55 para ser legítimos usuarios de armas son los siguientes:
-Ser mayor de 18 años.
-No presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante para la tenencia de armas de fuego. Cuando existieren razones fundadas, podrá exigirse la presentación de certificado médico.
-Acreditar ante la dependencia policial con jurisdicción en el domicilio del interesado, identidad, domicilio real y medios de vida lícitos. Esta emitirá certificación al respecto así como de la no existencia de antecedentes policiales o penales e imprimirá un juego de fichas dactiloscópicas con destino al Registro Nacional de Armas.
La idea de realizar diversos cambios en la materia comenzó a ponerse en marcha en mayo pasado, cuando el Gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para simplificar el trámite de portación de armas, con el fin de regularizar la tenencia de armas de fuego. En ese mismo esquema, señalaban además que simplificarían los trámites correspondientes, para que los usuarios puedan declararlas y/o solicitar la destrucción de las mismas de forma anónima.
En este sentido, destacaron que la idea original del proyecto era introducir nuevas modificaciones que contribuyan a “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”. Lo que apuntaba a nuevos proceso administrativo, más ágiles y simples. Desde la cartera de Seguridad argumentaron la necesidad de actualizar el régimen de trámites para poder “tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos”, ya que se estipula que hay más de 800.000 armas de fuego bajo tenencia irregular en la actualidad.
No obstante, las autoridades resaltaron la importancia de llevar a cabo este cambio para continuar con “el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos”, habilitando de esa manera a que los ciudadanos puedan poseer armas de fuego en sus casas de forma legal.
Siguiendo con esta misma línea, la propuesta incluía también la prorrogación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, con la finalidad de que los usuarios pudieran entregar sus armas de forma anónima para que estas sean destruidas. Con una política que los proteja de sufrir consecuencias legales posteriores por haberlas poseído sin las autorizaciones correspondientes. La novedad que trae esa iniciativa es que, a la par, propuso redoblar la apuesta e instituir un método para que cualquier ciudadano pueda regularizar armas no declaradas frente al Estado y conservarlas en calidad de “legítimo usuario”.
El programa del Gobierno había estado vigente hasta finales del 2023. Reactivarlo significaba poder continuar con las tareas para prevenir hechos de violencia y reducir la circulación de armas en la sociedad.
Fuente: Página 12/Infobae
