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Las demandas corporativas podrían devastar a los países pobres en lucha contra el COVID

Lo último que necesitan los países empobrecidos que luchan para enfrentar los devastadores estragos del coronavirus son las demandas de poderosas corporaciones transnacionales que intentan evitar que las medidas de salud pública afecten sus ganancias.


El país estaba en caída libre. Familias de clase media vendían sus objetos de valor en la calle. Al anochecer, los más desesperados buscarían comida en los botes de basura.

Eso fue Argentina en 2002. En esa hora oscura, mientras funcionarios argentinos luchaban por disminuir el dolor de una profunda crisis económica en la población, lo último que necesitaban era un aluvión de demandas corporativas. Pero eso es lo que obtuvieron.

CMS Gas, por ejemplo, demandó a Argentina por haber tomado una medida para congelar las tarifas de servicios públicos para proteger a los consumidores de la galopante inflación. Un tribunal supranacional ordenó al asediado gobierno a pagar a la corporación estadounidense $ 133 millones de dólares. Otras corporaciones llegaron a arreglos con el gobierno argentino por cientos de millones de dólares más.

Con países luchando por sobrevivir a la pandemia mundial de COVID-19, muchos podrían sufrir el destino de Argentina. A medida que las economías empiezan a caer, los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas ahora tienen que preocuparse de que sus respuestas políticas puedan convertirlos en el blanco de multi-millonarias demandas.

Un Sistema Legal Exclusivo para las Corporaciones

De hecho, las firmas de abogados ya parecen estar salivando sobre el potencial para beneficiarse de tales demandas.

«Si bien el futuro sigue siendo incierto», afirma Aceris Law, un bufete de abogados de arbitraje supranacional, «la respuesta a la pandemia de COVID-19 probablemente violará varias protecciones previstas en los tratados bilaterales de inversión y puede dar lugar a reclamaciones en el futuro por parte de inversionista extranjeros». Aceris, con sede en Washington, D.C. ha ganado casos de arbitraje para numerosas corporaciones globales.

Este es un campo de derecho que se vuelve lucrativo por la proliferación de unos 3,000 tratados de inversión internacional y acuerdos comerciales que otorgan a las corporaciones el derecho de demandar a los gobiernos por cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares por las políticas y medidas que arguyen que reducen el valor de sus inversiones extranjeras o incluso sus ganancias esperadas (utilizando la cláusula de ‘expropiación indirecta’).

A través de este sistema de «Solución de Controversias entre Inversionista y Estado», mejor conocido por su acrónimo en inglés ISDS, los inversionistas extranjeros pueden eludir los tribunales nacionales y presentar demandas directamente en los tribunales de arbitraje supranacionales (el más recurrido es el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversiones del mismísimo Banco Mundial).

Una país rico como Estados Unidos podría enfrentar tales demandas sobre políticas relacionadas con el coronavirus. Imagine, por ejemplo, si la administración Trump forzara a la fábrica Sudcoreana Hyundai en Alabama, a fabricar ventiladores en lugar de automóviles. Hyundai podría tener derecho a presentar un caso bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea.

En la práctica, sin embargo, pocas empresas extranjeras se atreverían a dar un golpe legal a la administración de Trump. Estados Unidos de hecho nunca a perdido un caso. Pero los gobiernos de los países en desarrollo corren un riesgo mucho mayor. Tienden a ser los países anfitriones de las empresas transnacionales, y son más vulnerables políticamente.

Ya existe, por ejemplo, el temor de que el gobierno de Perú pueda enfrentar múltiples reclamos de compañías extranjeras que operan casetas de peaje en carreteras si cumplen con una medida de emergencia propuesta para suspender el cobro de peajes, debido a que familias peruanas han llenando las carreteras en su éxodo de las ciudades por miedo al virus.

Varios otros expertos legales han advertido que a medida que los gobiernos tomen medidas de emergencia de salud pública y políticas económicas para responder a COVID-19, como los mandatos de producción o las prohibiciones de exportación de equipos médicos, o la reducción de aranceles a las importaciones de dispositivos médicos, los inversionistas extranjeros podrían tomar represalias exigiendo masivos pagos.

Los Países Pobres en la mira

El problema de que las corporaciones usen ISDS para socavar las políticas y regulaciones legítimas de interés público no comenzó con la pandemia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), a partir del 2020, los inversionistas extranjeros han llegado a la marca de más de 1,000 demandas inversionista – Estado. Debido a la falta de transparencia, nadie sabe exactamente cuánto han tenido que pagar los gobiernos hasta ahora.

En el Instituto de Estudios de Políticas (IPS) de Washington D.C., hemos calculado que los gobiernos han sido obligados a pagar al menos $ 72.4 mil millones de dólares en pagos pendientes en tan solo casos relacionados con disputas sobre contratos de petróleo, gas y minería. Las industrias extractivas, como la minería, representan una gran parte de las reclamaciones totales, a menudo provocadas por gobiernos que intentan evitar el daño ambiental o de salud pública de estas actividades, o garantizar que una mayor cantidad de beneficios permanezca en el país de origen.

De los 34 casos que examinamos de demandas pasadas de empresas extractivas, tan sólo uno se dirigió a Canadá. Todos las demás demandas estuvieron dirigidas a los gobiernos de países del Sur Global. Las industrias extractivas están demandando por al menos otros $ 73 mil millones en 59 casos pendientes conocidos, de los cuales solo cinco se dirigen a gobiernos de países ricos. Miles de millones más están en juego en demandas de arbitraje presentadas por corporaciones en los sectores de agronegocios, finanzas, energía y muchos otros, que amenazan con desviar recursos de la gestión de pandemias y otras necesidades sociales urgentes.

Incluso antes de la actual crisis de salud pública, algunos países ya se habían endeudado mucho para pagar laudos a corporaciones transnacionales .

En 2019, Pakistán recibió la orden de pagar a la empresa australiana Tethyan Copper, alrededor de $ 5 mil millones de dólares en un caso de arbitraje sobre una mina de oro y cobre. Esta cantidad conforma buena parte del préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional a Pakistán, negociado recientemente por $ 6 mil millones, el cual está vinculado, además, a draconianas condiciones de austeridad económica.

Del mismo modo, el año pasado, organizaciones ecuatorianas alegaron que los préstamos del FMI, también vinculados con medidas de austeridad que provocaron grandes protestas, se utilizarían para pagar a las empresas transnacionales como Chevron. La compañía petrolera estadounidense ganó $ 77 millones en una demanda inversionista-Estado en contra de Ecuador y tiene otra pendiente.

Con el nuevo Tratado México – Estados Unidos, Canadá, (o el renegociado «TLCAN 2.0»), se avanzó un tanto en el debilitamiento del mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado. Por un lado se elimina entre Estados Unidos y Canadá, pero por el otro, los términos complejos del acuerdo dejan a México aún susceptible a ser demandado por corporaciones estadounidenses y canadienses (éstas últimas bajo el Tratado Transpacífico), con lo que se reafirma el carácter neocolonialista del sistema de protección de inversiones.

Las víctimas de las consecuencias económicas de COVID-19 no serán los inversionistas extranjeros, sino los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Cuando los países de todo el mundo están luchando por obtener recursos para enfrentar la pandemia de COVID-19, los gobiernos deben unirse a nivel multilateral y acordar suspender de inmediato todos los casos inversionista-Estado y los pagos pendientes para las corporaciones.

Y, en un plazo más largo, los excesivos poderes de los inversionistas extranjeros que otorgan los tratados comerciales y de inversiones deben de ser totalmente desmantelados.

– Manuel Pérez-Rocha, Institute for Policy Studies

@ManuelPerezIPS

Traducción del autor, especial para ALAI

Original en Foreign Policy in Focus

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