El juez Federal Sebastián Casanello actuará en la causa que solicitó la “inconstitucionalidad” de esa medida e instó a la titular del Ministerio de Seguridad a que brinde un informe sobre los efectos de su aplicación y sobre “la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos u otros organismos internacionales”.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes competente en la causa en la que se pide la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
“Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)”, detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.
En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.
“A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”, agrega la orden judicial.
Casanello pide “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'” y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.
“Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el texto.
Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.
La decisión del juez es respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.
“Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad'”, dijo Fierro en un comunicado.
La legisladora calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” Casanello “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.
El dirigente del MST Alejandro Bodart consideró al protocolo como “una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei” y dijo que forma parte de “un estado de sitio de hecho”.
Presentaron denuncia por “vejaciones” y “lesiones” contra la Policía
Una denuncia penal contra la Policía Federal Argentina (PFA) por incidentes registrados días atrás con manifestantes en las inmediaciones del Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía la denominada ley “Bases” fue presentada ante la Justicia en lo Criminal Federal.
La denuncia, que fue acompañada por profesionales del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, la presentó un empleado del bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) por lesiones que habrían recibido él y un abogado que asesora a esa fuerza.
La acción penal por los presuntos delitos de “vejaciones” y “lesiones graves” fue impulsada por el secretario parlamentario del FIT, Guillermo Ermini, quien sostuvo que aquella noche, cerca de las 21, se encontraba “monitoreando la protesta” en la Plaza Congreso cuando aparecieron efectivos de la PFA que se desplazaban en motocicletas.
El denunciante, cuya exposición quedó plasmada en un acta que acompañó la denuncia, sostuvo que los policías que acompañaban en la parte trasera de las motocicletas comenzaron a arrojar gas pimienta contra los manifestantes que se hallaban sobre la plaza y luego a efectuar disparos con balas de goma.
Agregó que entonces se le acercó su compañero, el abogado Matías Aufieri, quien le mostró cómo lo habían herido en un ojo y, al intentar ayudarlo “porque no veía”, él recibió un balazo por encima de la cintura, se cayó y recién pudieron reincorporarse cuando cesaron momentáneamente los disparos para ir a resguardarse detrás de un monolito.
Ermini señaló que no pudo identificar a quien le disparó porque llevaba puesto casco que le cubría la cabeza y, además, se habían apagado las luces en una zona de las inmediaciones del Congreso.
Fuente: Télam
