La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa «Vialidad». La decisión implica su proscripción electoral y la obliga a presentarse en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles, según ordenó el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF2), para comenzar con la ejecución de la pena. El fallo llega días después de que anunciara su candidatura como legisladora provincial.
El fallo, que lleva las firmas de los tres miembros del máximo tribunal, fue emitido con inusual rapidez y sin abrir a revisión los recursos de queja presentados por la defensa de la dos veces presidenta. La Corte rechazó de plano los planteos jurídicos de Cristina Kirchner y dejó firme tanto la sentencia del TOF2 como la confirmación previa dictada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.
Desde el entorno de la expresidenta denuncian una maniobra de proscripción impulsada por el poder económico, los grandes medios de comunicación y sectores del macrismo, señalando que la decisión fue tomada con una celeridad inédita y en medio de fuertes presiones mediáticas para que se concretara antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de candidaturas provinciales. Cristina había anunciado su postulación como legisladora bonaerense la semana pasada.
Una condena sin revisión
La Corte responsabilizó a la defensa, encabezada por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, por no haber demostrado “arbitrariedad” en los argumentos presentados. De esa forma, el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre las múltiples denuncias de irregularidades que rodearon el proceso judicial, desde la falta de peritajes hasta los vínculos entre jueces y el expresidente Mauricio Macri, denunciante central en la causa.
El fallo dejó también firme el decomiso de $84.000 millones por supuestos perjuicios al Estado, monto que se actualizaría según índices económicos. Asimismo, el tribunal desestimó el pedido del fiscal de Casación, Diego Luciani, quien solicitaba elevar la pena a 12 años por presunta asociación ilícita.
En contraste con otras causas de corrupción de similar complejidad, el expediente «Vialidad» fue resuelto por la Corte en apenas dos meses. Para el kirchnerismo, esta velocidad responde más a la necesidad política de sacar de carrera a la principal figura opositora que a un verdadero análisis jurídico.
Un fallo en contexto electoral
La decisión judicial rompe una tradición tácita de la Corte Suprema: evitar resoluciones de alto impacto político en tiempos electorales. En este caso, no solo se avanzó en plena campaña, sino que se hizo en línea con las exigencias del oficialismo y los medios afines.
La resolución lleva el sello del juez Jorge Gorini, quien también ordenó que se determine un lugar adecuado para el alojamiento de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados. En el caso de la expresidenta, se destaca su edad (72 años), su condición de exjefa de Estado y el intento de magnicidio sufrido en septiembre de 2022, aún bajo investigación judicial. Por esas razones, su defensa solicitó prisión domiciliaria, mientras el fiscal Luciani pidió que las detenciones se efectúen de forma inmediata.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá decidir ahora qué dependencia de las fuerzas federales será utilizada para la detención. La lista incluye a exfuncionarios y empresarios como José López, Lázaro Báez, Raúl Daruich y Nelson Periotti, con penas de entre tres años y medio y seis años de prisión.
Repercusiones y próximos pasos
Cristina Kirchner aún no se ha pronunciado públicamente sobre el fallo, pero su equipo legal ya anunció que recurrirá a instancias internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la persecución judicial y política.
El peronismo, por su parte, se enfrenta a un escenario de profunda incertidumbre de cara a las elecciones. La imposibilidad de presentar a su figura más representativa altera el mapa político nacional y abre un nuevo capítulo de tensiones institucionales en Argentina.
Desde sectores del oficialismo celebraron la decisión como un triunfo de la Justicia. En tanto, desde la oposición peronista la calificaron como un “golpe judicial” y una “proscripción disfrazada de legalidad”.
Con esta decisión, la Corte Suprema no solo deja firme una condena de enorme trascendencia jurídica y política, sino que también altera las reglas del juego electoral. La figura de Cristina Kirchner, eje del sistema político argentino durante las últimas dos décadas, queda ahora marginada formalmente del proceso democrático. Las consecuencias de este fallo aún están por verse, pero es claro que la política argentina no volverá a ser la misma.
