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La CIDH confirmó «masacres» de civiles por parte del Gobierno de facto de Jeanine Áñez

El presdiente Luis Arce recibió el estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de los actos de violencia contra civiles que llvaeron a cabo la Policía y las Fuerzas Armadas tras el derrocamiento de Evo Morales. Los hechos sucedidos en Senkaya y Secaba dejaron al menos 37 muertos.


Esos hechos de violencia a los que hizo referencia ocurrieron luego de la asunción de la hoy detenida exmandataria de facto Jeanine Áñez, quien, tras la salida obligada de Evo Morales en noviembre de 2019, asumió el poder en circunstancias irregulares ante una Asamblea sin quorum ni oposición.

Tras esa situación «particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados», indicó la CIDH que, sin embargo, «no duda en calificar a los hechos de Sakaba y Senkata como masacres».

En ese sentido, Tappatá señaló que es «esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas».El informe de la GIEI también da cuenta que las manifestaciones y protestas no estallaron inesperadamente sino que hubo «agitadores».

«Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento», subrayó Tappatá.

La experta también hizo foco en la discriminación que sufren algunos bolivianos y que se profundizó en aquellos días.»La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época deben ser reconocidas y los responsables sancionados», sostuvo al recordar que se usó la identidad étnica como criterio de pertenencia o no a la sociedad boliviana y como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes.

Al finalizar su discurso, Tappatá entregó el informe al presidente Luis Arce, quien estuvo junto a otras autoridades en el Banco Central de Bolivia, mientras se escucharon de fondo los aplausos y los pedidos de justicia de los asistentes.

Tras recibir el trabajo, el mandatario exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar, en el menor plazo posible, un juicio para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones por la violación de derechos humanos durante el golpe de Estado de 2019.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo durante el acto que tuvo un emotivo minuto de silencio en homenaje a los fallecidos.

El mandatario sustentó la demanda en el criterio de que los hechos y argumentos legales expuestos por el informe final del GIEI demostraron con claridad de que en Bolivia se dio un golpe de Estado, informó la Agencia Boliviana de Información.

Además, manifestó que el documento dejó constancia de que en la ruptura del orden constitucional hubo “graves violaciones a los derechos humanos”, que se «perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales» por parte del Gobierno de facto.

«Este informe debe servir para que lo sucedido en nuestra amada paria no se repita nunca más en nuestro país ni en ningún otro país de la región, ni en ninguna parte del mundo”, concluyó.

Por otro lado, anunció el compromiso de la implementación de las recomendaciones del informe final del GIEI: «Estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral».

«Asimismo, siguiendo la sugerencia, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerza de represión paralela al Estado”, aseveró.

CELS: El informe de la CIDH sobre Bolivia es «la conclusión de un proceso acordado con el Estado»

La coordinadora del área Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Camila Barretto Maia, consideró este martes que el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que confirmó las «masacres» de civiles en Bolivia, antes y después del golpe de Estado en 2019, es «la conclusión de un proceso acordado con el Estado boliviano».

«Es importante el peso institucional que tiene este informe y este momento para la historia de Bolivia porque es la conclusión de un proceso acordado con el Estado boliviano, incluso desde que estaba (Jeanine, expresidenta de facto) Áñez en el poder. Es el relato oficial de ese grupo de expertos de la Comisión Interamericana, designados especialmente para eso, sobre lo que pasó. En cuanto al momento para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia sobre lo que sucedió en estos meses de 2019, es un hecho de la mayor importancia», expresó Barretto Maia a Télam.

Si bien el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH había sido originado en un acuerdo con el Estado en 2019, fue impedido y postergado reiteradamente por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, y recién pudo comenzar con posterioridad a la victoria electoral del masista Luis Arce, en 2020.

El informe del GIEI determinó que «en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas».

Una de las víctimas fatales fue el periodista argentino Sebastián Moro, quien cubría el derrocamiento del expresidente Evo Morales y que fue encontrado inconsciente y en su departamento paceño y murió días después en una clínica; según un médico externo que fue a realizarle un estudio, las marcas que presentaba en su cuerpo coincidían con señales de torturas.

«El informe detalla todos estos casos, lo que se pudo averiguar con todos los testimonios y evidencias que se recolectaron, da muchas indicaciones de por dónde seguir para obtener justicia, y, sobre todo, informa las deficiencias que están teniendo los procesos judiciales en Bolivia», manifestó la licenciada en Relaciones Internacionales.

Hay dos aspectos en particular que llamaron la atención de Barreto Maia: por un lado, la caracterización de acciones que llevaron adelante determinados grupos sociales y que invita a un debate respecto de la responsabilidad y, por otro, el rol que asumieron las fuerzas policiales durante los motines del 8 y 9 de noviembre.

«Entre las cosas que me parecieron más interesantes está alguna caracterización que hace de algunos grupos sociales, como puede ser la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala, balo el supuesto paraguas del derecho a la protesta. ¿Hasta dónde está el límite del derecho a la protesta o de una fuerza legítima política o no? Creo que el informe da algunas pistas para profundizar esta conversación sobre responsabilidades, y apunta un poco al rol de algunos discursos o autoridades vinculadas en aquella época a estos grupos, que ayudaron a profundizar la violencia social», precisó Barretto Maia.

A estos grupos se les atribuyen los graves ataques y violentas amenazas contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo los que terminaron en la muerte de Moro.

El segundo punto que la coordinadora resaltó del reporte es sobre el momento en que «se profundizó la violencia generalizada en Bolivia».

«Se destaca muchísimo el rol de las fuerzas policiales amotinadas el 8 y 9 de noviembre y el de las fuerzas armadas actuando de manera políticas. Estas son cosas que hay que leer con atención», enfatizó.

Por último, consideró que «hay un planteo transversal en todo el informe sobre la justicia» y que se presenta «una multiplicidad de casos de violaciones con características, responsabilidades y causas distintas».

«Hay dos masacres que son muy conocidas, pero después hay un montón de hechos que son más o menos aislados, algunos cometidos por fuerzas del Estado, otros de violencia social, detenciones arbitrarias o personas que fueron criminalizadas por el poder judicial», explicó.

El documento «hace una serie de recomendaciones con niveles diferentes de complejidad, desde abrir causas más inmediatas, hasta reformas bastante estructurales, de fuerzas policiales y armadas, relacionadas al derecho a la protesta y protocolos sobre el uso de la fuerza, otras para encontrar a responsables».

«Por eso es importante que se inaugure un proceso de cumplimiento que puede que sea largo. Se necesita avanzar en un proceso de verdad, memoria y justicia», concluyó Barretto Maia.

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